Votar por votar

FLORENCIO DOMÍNGUEZ

 

El tripartito anda estos días hecho un lío a cuenta de la consulta popular que tienen pactada en el programa de gobierno. El lehendakari tiene una idea de cómo debe ser esa consulta de autodeterminación -a la que no quieren llamar por este nombre- y el presidente de su partido otra bien distinta, por lo que parece.

El coordinador de Ezker Batua y miembro del Ejecutivo de Ibarretxe, Javier Madrazo, también tiene su propio guión de la consulta en cuestión. Dice que los ciudadanos deben poder pronunciarse en contra de ETA y a favor del reconocimiento del derecho a decidir. Lo primero no es original: ya se les ocurrió antes a Ibarretxe y a Arzalluz quienes, en el Alderdi Eguna de 2001, amenazaron a ETA con una consulta de ese tipo, como si ETA no supiera que tiene a la inmensa mayoría de los vascos en contra. Precisamente por eso mata, para conseguir por la fuerza lo que no puede conseguir por los votos. Lo segundo, lo de votar para reconocer el derecho a decidir en vez de pronunciarse sobre una propuesta concreta, recuerda a las asambleas universitarias de los setenta, tan animadas como inútiles, en las que se votaba para ver si se votaba. En aquellas asambleas sólo se perdía el tiempo, pero ahora, en una consulta como la que plantea el nacionalismo, lo que está en juego es la convivencia.

El acuerdo firmado por la coalición tripartita afirma que «el Gobierno vasco solicitará al Parlamento vasco autorización para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice la consulta popular para ratificar el acuerdo político alcanzado».

Esa previsión partidista carece del menor soporte jurídico porque la posibilidad de convocar referendos, tal y como establece el artículo 92 de la Constitución, corresponde al Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, tras ser autorizada por el Congreso de los Diputados. El actual Estatuto, aprobado por la mayoría de los vascos, prevé la consulta para ratificar las reformas estatutarias, pero respeta las previsiones constitucionales. El Gobierno vasco, según el artículo 46.2 del texto de Gernika, podría ser facultado «por delegación expresa del Estado» para convocar el referéndum de ratificación de los cambios estatutarios. Sin esa delegación, cualquier consulta, por mucha autorización del Parlamento vasco que tuviera, sería ilegal.

Ni el lehendakari ni los miembros del tripartito desconocen esa circunstancia por lo que las apelaciones a la consulta constituyen, antes que nada, un pulso político al Estado. Además, en nombre de la hipotética voluntad futura del pueblo vasco, pasan por alto la real voluntad presente, la que se manifestó en la aprobación del Estatuto que no reconoce capacidad de convocar consultas ni al lehendakari, ni al Ejecutivo ni al Parlamento vascos.

f.dominguez@diario-elcorreo.com

Más víctimas mortales

 

La siniestralidad en carretera durante el fin de semana, con 32 fallecidos en 27 accidentes -catorce más que en iguales fechas del año pasado- ha quebrado la tendencia del recién cumplido primer año del carné por puntos. La penalización de las infracciones sobre el permiso de conducir parecía mostrarse como una medida efectista, pero también como la más efectiva de los últimos tiempos. Del 1 de julio de 2006 al 1 de julio de 2007 se produjeron 472 víctimas mortales menos que en idéntico período del año anterior. Un resultado más alentador que el de otros países, puesto que en 2006 se experimentó una disminución de un 7,6% en la cifra de muertos en las carreteras españolas, porcentaje muy superior al que en el primer año de vigencia de esta fórmula sancionadora alcanzaron Francia (5,6%), Reino Unido (1,1%) o Italia (1,43%), aunque partiendo de una siniestralidad inferior a la nuestra.

Lo preocupante sería que, tras el impacto inicial de la novedosa norma, asistiésemos a la merma de su poder disuasorio. A ello podría contribuir la lentitud del procedimiento sancionador. El hecho de que se contabilicen 300.000 sanciones firmes y estén acumuladas otras 600.000 denuncias ilustra sobre la necesidad de agilizar su tramitación, con independencia de la reforma del Código Penal en marcha. Además, junto a la bajada de guardia en la observancia de las normas de circulación se producen episodios demostrativos de cómo muchos ciudadanos canalizan hacia la carretera su ánimo trasgresor, como lo refleja la deliberada destrucción de radares. Mientras transgredir las normas de seguridad vial continúe percibiéndose como un reto estimulante por parte de un gran número de conductores, su vertiente sancionadora irá siempre unos cuantos pasos por detrás del ánimo infractor.

La Unión y Turquía

 

La Conferencia Intergubernamental europea inaugurada ayer, y que deberá concluir en octubre, afronta la redacción del Tratado que supla a la frustrada Constitución salvando no pocos de sus avances y propuestas. Se trata de la primera vez en la que una reforma institucional cuenta con un resultado en buena medida predeterminado, dado que la negociación se inicia con un borrador completo preparado por la presidencia portuguesa desarrollando las indicaciones emanadas del Consejo Europeo de junio. La tarea emprendida deberá enfrentarse a su primera evaluación en la reunión ministerial del 7 y 8 de septiembre en Oporto, en la que algunos gobiernos como el polaco, el británico o el checo podrían intentar reabrir los debates sobre el reparto de poder en las instituciones europeas o sobre otros aspectos centrales de la negociación. Aunque la ministra polaca de exteriores mantuvo ayer un tono conciliador, no sería extraño que los hermanos Kacinski quisieran dar continuidad a lo logrado por Polonia en la cumbre de junio, en la que consiguieron preservar, al menos hasta 2017, el peso que el Tratado de Niza concedía a dicho país -y también a España-. Por su parte, Gordon Brown podría jugarse su reelección como primer ministro británico si se muestra demasiado europeísta o no logra que los demás socios admitan una eximente duradera para que su país no tenga que aplicar la Carta de Derechos Fundamentales ni comprometerse en la cooperación judicial y policial. Los parlamentos nacionales y la cámara europea han criticado el método intergubernamental en la redacción del Tratado, método que desanda el camino recorrido con la Convención Europea, en la que los representantes parlamentarios tuvieron un papel importante. Es lo que la convierte en una reforma menos democrática que la que condujo a la Constitución, aunque el Tratado acabe compensándolo con su pragmática aportación a la integración política y jurídica.

“Una objeción… bastante objetable” por Carlos Martínez Gorriarán

ABC traía ayer una larga entrevista con Antonio Dorado, obispo de Málaga y presidente de la comisión de enseñanza de la conferencia episcopal. Al hombre se le notaba aturdido por el lío creado por la Iglesia, y amplificado por el PP, con la campaña a favor de la objeción de conciencia contra la asignatura de la Educación para la Ciudadanía. ¿O se trata de sutil diplomacia eclesial, en lugar de aturdimiento? Confieso mi falta de habilidad para dicernir tal cuestión, aunque sí me parece –la entrevista- un ejercicio habilidoso del arte de poner una vela a los dioses propicios y otra a los diablos… domésticos. En efecto, Dorado reconoce y explica el derecho a la objeción de conciencia que asistiría a los padres por la dichosa asignatura, pero luego añade dos observaciones desconcertantes. Una, que dicho derecho no es necesario –es decir, está de más- en los centros católicos (confesionales) porque éstos impartirán la cosa adaptándola a los valores católicos. Ah. Y dos, que la objeción de conciencia es, en todo caso, un ejercicio de libertad de conciencia de los padres afectados. Esto es, que no hay una campaña de movilización de las conciencias afectadas traducible a una campaña política, sino una mera prueba de ética práctica, y que serán los padres quienes decidirán en conciencia… y allá ellos (lógicamente, deberían matricular a sus hijos en centros católicos, viene a sugerir).

 

Sin embargo, la Iglesia se ha movilizado contra la Educación para la Ciudadanía y el PP, con increíble debilidad en un partido que pretende –sin lograrlo, por estas cosas- representar a un amplio espectro social que va más allá del confesional, se ha sumado a la misma, con Esperanza Aguirre al frente. Con lo que las declaraciones de monseñor Dorado pueden entenderse como más convenga a cada cual. ¿Qué unos padres objetan?: estupendo, es un ejercicio de su libertad de conciencia. ¿Que otros aceptan la asignatura?: estupendo, es un ejercicio de su libertad de conciencia. Entonces, ¿dónde diablos está el problema terrible que la dichosa asignatura opone a las conciencias libres, si la reacción de éstas puede ser tan divergente? (En comparación, la Iglesia es mucho más estricta en asuntos como el divorcio y el aborto: sólo hay una reacción católica aceptable, el rechazo de ambas prácticas).

 

Monseñor Dorado explica además que los centros católicos no tendrán problema alguno para adaptar el currículo de la Educación para la Ciudadanía a sus centros, una vez eliminados los temas que podrían chocar con la moral católica. En fin, que no es tan fiero el león como lo pintan, y que estamos asistiendo a la enésima muestra de sobrerepresentación e histrionismo de cierta derecha católica con más ganas de bronca que de llegar a acuerdos educativos (nunca se la visto ni la décima parte de combativos con las manipulación nacionalista de la educación, repito otra vez sin que hasta ahora ningún defensor eclesial argumente por qué la doble vara de medir).

 

¿Y por qué esta agresividad? He contado alguna vez la lúcida y entristecida explicación que me propuso un católico políticamente muy activo y nada, nada acomplejado: que la Iglesia había abandonado la ilusión de influir en la sociedad, y que intentaba ahora extender a la esfera general lo ya conseguido con los nacionalismos separatistas: un ventajoso acuerdo con el Estado para reservarse pequeñas parcelas de influencia en régimen de monopolio, aspirando a conseguir excepciones jurídicas a las normas generales. La absurda objeción de conciencia que nos ocupa –gravemente estúpida para el PP; ¿cómo podrá oponerse a simétricas objeciones educativas de nacionalistas o islámicos, cuando vuelva a gobernar?- es una avanzadilla experimental. Y les ha salido bien, ayudados –cómo no- por los empeños didácticos de Zapatero, que ha propuesto la enorme majadería de que los valores cívicos son los que deciden los representantes de los ciudadanos: ¡la ética reducida a una iniciativa legislativa! Claro que Zapatero tampoco es laicista, sino un populista consagrado a la máxima confusión conceptual: en la asamblea de Atenas habría votado la muerte de Sócrates porque era lo más democrático: la pedía la mayoría: “Ninguna fe puede imponerse a los ciudadanos. En un sistema democrático caben todas las creencias, pero los valores de ciudadanía son los que deciden libre y responsablemente los que representan a los ciudadanos” –ha dicho.

 

A lo que vamos: el ideal eclesiástico parece orientado hacia lo mismo que persiguen el Islam y los multiculturalistas (apoyados, naturalmente, por el nacionalismo y los antiglobalización): trocear la sociedad en comunidades con sus propios valores y, como instrumento necesario, trocear previamente las leyes y la educación en círculos confesionales que legislen para la propia comunidad. Precisamente lo que la Educación para la Ciudadanía debería prevenir, porque si este modelo sale adelante el fin de las sociedades abiertas, democráticas y progresivas está cantado. Por eso es imprescindible la asignatura de marras. De acuerdo, discutamos el programa (currículo) y pidamos garantías sobre su impartición, reclamemos miramientos adecuados para las confesiones religiosas de los educandos, apartemos a los majaderos que quieren convertir la cosa en una soflama partidista (uno de ellos acusa, ¡a Habermas y Savater!, de haber fundado “el racismo contemporáneo”…), pero no disparatemos diciendo que el Estado democrático debe inhibirse… sobre su propia supervivencia en la educación.

“Correspondencia” por Rosa Díez

CORRESPONDENCIA.

Hay algunos amables amigos que además de leer y/o escribir en el blog haciendo posible que éste esté vivio, me hacen llegar sus reflexiones. A todos les agradezco esa cortesía y esa confianza personal que me demuestran. Y hoy me permito la licencia de elevar al editorial una carta publicada en un diario de Sevilla junto con el e-mail que me remite su firmante. A él y a todos los demás, gracias por vuestras aportaciones; no hace falta coincidir en el análisis de fondo que cada cual expone con total libertad para valorar de forma positiva el esfuerzo de entendimiento y de concordia que existen en todas las aportaciones que se plantean respetuosa y constructiva; que son, por cierto, la mayoría. Siempre hemos de estar dispuestos a aprender.

Ahí va este mail seleccionado:

Hola, Rosa. Aprovecho la presente para remitirle en archivo adjunto la carta
publicada en el diario ABC de Sevilla de hoy 17 de julio titulada “España como
Comunidad”, en la que expongo una idea que me está rondando la cabeza en los
últimos dias: España no es solo una idea o un proyecto, sino una cosa tangible
de la que es titular alguien: En este caso todos y cada uno de los españoles,
no un presidente de gobierno, ni los parlamentarios, ni el Rey, ni nadie en
concreto; para ello me remito no solo a la Constitución vigente, sino la que
en pocos años se va a conmemorar su bicentenario, es decir, la de 1812. Fue
una gran constitución, redactada en tiempos muy dificiles, cuando nos
jugabamos el ser de una Nación, ante la invasión napoleónica.
En fin, espero que le guste.

Por cierto he leido su blog de hoy y atisbo una sensación de escepticismo ante
la reacción de los ciudadanos ante los acontecimientos de Navarra y de España
en general, ante la politica del Sr. Rodriguez Zapatero y nuestro futuro más
próximo. En mucho estoy de acuerdo con usted, pero creo que todavía quedamos
algunos españoles, demócratas y progresistas que nos rebelamos ante la
comodidad y el conformismo. En este sentido hay margen para un nuevo proyecto
ilusionante, como es el que se propicia por usted y los Sres. Savater y demás
persons de prestigio. No se deje inundar en el pesimismo, a pesar de todo.
Ignoro si usted es creyente, pero le recomendaría la lectura del Antiguo
Testamento cuando Abraham pidió a unos angeles que impedieran que Dios
castigara a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es un episodio muy ilustrativo:
Al final Dios prometió la salvación de esas personas si hubiera al menos unos
pocos dignos de salvarse (creo recordar que solo 10). Yo creo que mientras
halla uno más uno de ciudadanos responsables, todavía hay margen de esperanza.
En fin, no me alargo más, y le testimonio mi afecto hacia usted y mi
admiración por su gran compromiso civico con los ciudadanos. Un fuerte abrazo.

 

 

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ESPAÑA COMO COMUNIDAD.

En un momento histórico en el que se discute el futuro de una Nación como la española resulta necesario, desde el punto de vista jurídico, analizar la fuente de titularidad y sus consecuencias. Pues bien, España sería una comunidad de bienes cuyos titulares somos los ciudadanos españoles.

La Constitución de 1978 proclama, en su articulo 1.2, que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Soberanía es equivalente a titularidad. Solo los que son soberanos o propietarios pueden reclamar su derecho a la titularidad del bien en cuestión, en este caso de todo esto que constituye la Nación española, su territorio,  patrimonio y legado histórico, tanto cultural como del dominio público.

Por lo tanto, una vez perfilado el régimen jurídico de la titularidad de la Nación española es hora ya de destacar como  la fuente del poder soberano se dividiría en dos parcelas diferentes y superpuestas. Una originaria, la soberanía popular, auténticos detentadores del poder. Otra derivada, los “poderes del Estado”, es decir, plasmados en la división tripartita de la teoría liberal, el ejecutivo, legislativo y judicial.

Al igual que un patrimonio es el fruto de una herencia particular, con sus títulos anteriores que recogen todo el historial de titularidad, la  realidad jurídica nacional tiene su antecedente más remoto en la Constitución bicentenaria de Cádiz de 1.812, que constituyó el inicio del cambio de la titularidad del Rey como soberano a la soberanía popular, o dicho en términos históricos, del antiguo régimen al moderno de naturaleza constitucional y liberal.  Así se debe destacar como en la misma se regula el título primero, con la denominación “De la Nación española y de los Españoles”, con dos apartados cuya lectura resulta muy oportuna en este momento: “1. La Nación española es la reunión de todos los españoles”. “2. La Nación es libre e independiente, y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”.

El derecho puede ser objeto de adaptación a la realidad social, pero en el caso del futuro de la Nación sólo corresponde hacerlo a su único titular legítimo: La ciudadanía española. Es hora ya de que cada uno de nosotros, como cotitulares soberanos, seamos capaces de exigir a los administradores y demás apoderados de la finca su responsabilidad y determinar su status de legitimidad, que siempre será derivada y subordinada al interés general.

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Las mujeres y Hillary

POR PEDRO RODRÍGUEZ CORRESPONSAL. WASHINGTON.

¿Quién es lo suficientemente mujer como para llegar a presidente de Estados Unidos? Con solo una candidatura femenina entre el pelotón de aspirantes a la Casa Blanca para el 2008 esta cuestión debería resultar bastante sencilla de contestar. Pero como suele pasar con los Clinton, todo es un poco más complicado de lo que parece. Ya que la campaña de la ex primera dama se enfrenta estos días con toda una delicada polémica sobre sus genuinos valores femeninos, complicada por el recelo que las encuestas registran hacia su candidatura entre las votantes estadounidenses.

La controversia ha sido planteada por otra mujer fuerte, Elizabeth Edwards. La esposa del telegénico, multimillonario y populista John Edwards -uno de los competidores de la senadora por Nueva York en el pulso por la nominación presidencial de los demócratas- se ha atrevido a poner en tela de juicio las credenciales de Hillary como defensora de las cosas que de verdad importan a las mujeres, reprochándola el comportarse más bien como un hombre que quiere ser comandante en jefe.

Edwards contra Clinton

Según la señora Edwards, que sigue haciendo campaña pese a su grave diagnostico de cáncer, su esposo de llegar a presidente sería un mejor activista a favor de las mujeres que Hillary. A la que ha criticado entre otras cosas no haber presentado a estas alturas un plan de reforma sanitaria, jugar con el tema del aborto e ignorar cuestiones como los intolerables niveles de pobreza en un país como Estados Unidos, especialmente entre madres solteras. Además de reprochar el argumento electoral de que hay que votar a Hillary simplemente porque es una mujer.

Ante estas cargas de profundidad, la campaña de la senadora ha optado por no abordar directamente la cuestión. Presionada por la Prensa, Hillary se ha limitado a contestar que aspira a la Casa Blanca «porque creo que soy la persona mejor cualificada para hacer ese trabajo». Bill Clinton ha sido más específico en defensa de su cuestionada esposa al afirmar que Hillary «no está tratando de ser un hombre». A juicio del ex presidente: «No creo que sea inconsistente con el hecho de ser una mujer el dominar cuestiones de defensa o seguridad, además de mostrar fortaleza cuando la ocasión lo demanda. Yo no considero todo eso varonil, lo considero ser un líder».

En el fondo, esta polémica no hace más que reflejar la intensa búsqueda del voto femenino, bloque que tiende a materializarse más y con cierta proclividad para el Partido Demócrata Como ha explicado Ellen Moran, directora del grupo «Emily´s List» que promueve la participación de las estadounidenses, «todos los candidatos demócratas saben la importancia del voto femenino y por eso todas las campañas están intentando conectar específicamente con ese grupo».

De hecho, algunos analistas hablan ahora de una llamativa alteración de estereotipos de género cuando candidatos como Barack Obama o John Edwards tienden a exteriorizar más sus sentimientos personales y dejan saber, por ejemplo, de que extrañan mucho a sus respectivas familias durante el maratón electoral. En contraste con las reiteradas poses de «dama de hierro» de Hillary Clinton, dentro de sus esfuerzos por ser tomada en serio para ocupar el máximo cargo electo de EE.UU. que durante más de dos siglos ha sido un «de facto» monopolio masculino.

Pese a la teórica afinidad que el voto femenino tendría que tener hacia la candidatura de Hillary, las encuestas de intención de voto coinciden en reflejar entre mujeres un apreciable nivel de desconfianza, ambivalencia e incluso hostilidad hacia la senadora. Con la paradoja de que ese rechazo se concentra en el segmento de votantes como ella misma: profesionales, casadas de cierta edad, con altos niveles de educación e ingresos.

El Monarca que no quiso reinar

POR RAMÓN PÉREZ-MAURA. MADRID.

«Yo no tenía ni la ambición ni el deseo de reinar» confesó Zahir Sha en un documental sobre sus cuarenta años en el trono emitido en 2000. En sus palabras ponía de manifiesto lo que sintió el día que vio cómo su padre, el Rey Nadir, era asesinado. Era 1933. Zahir acababa de cumplir 18 años y sentarse en el trono le producía vértigo. Tres de sus tíos aprovecharon sus vacilaciones para establecer una regencia que formalmente fue corta, mas en la práctica se prolongó hasta 1953, pues él estaba cómodo con otros ocupándose del Gobierno. Así, los estudios que había empezado años antes en el liceo Jeanson de Sailly pudieron completarse y él disfrutar apasionadamente de las obras de Mallarmé, Valéry y Saint-John Perse a los que tuvo devoción toda su vida.

En 1964 dio un paso sin precedentes en la umma islámica. Instauró una Monarquía constitucional en la que se decretaba la supresión del purdah -el uso del velo- para las mujeres, se creó una Universidad, se obligó a las niñas a ir a la escuela, se permitió el voto a las mujeres y se instauró la libertad de Prensa. Devoto musulmán, este pastún heredero de la centenaria dinastía de los Mohamedzai -reinante desde 1747-, huyó de la fastuosidad de su vecino el Sha del Irán y vivió cerca de su pueblo. Y al mismo tiempo fue el interlocutor de los grandes dirigentes internacionales de su época, aquellos que estaban preocupados por la situación geoestratégica de Afganistán, el tapón que impedía la salida soviética hacia aguas cálidas. John Kennedy, Mao Zedong o Isabel II, como recordó ayer en su telegrama de pésame, fueron sus pares y sus anfitriones. En mayo de 1968 recibía a Georges Pompidou cuando éste tuvo que marchar precipitadamente para hacer frente a la revolución parisina. Pero cuando él mismo se encontró en 1973 con que una revolución lo destronaba durante una visita a Italia, se quedó en Roma durante 29 años. Sin petición expresa del nuevo Gobierno republicano que encabezaba su primo y cuñado el Príncipe Mohamed Daoud, el Rey abdicó y se entregó con voluptuosidad al mayor de sus placeres: degustar literatos franceses. Le ayudó el tener asegurada una modesta pensión por una Monarquía arábiga amiga.

Las grandes potencias volvieron a llamar a su puerta, todavía custodiada por dos carabineiri, en septiembre de 2001. El 11-S, engendrado en Afganistán, hacía necesario buscar legitimidades alternativas. El viejo Rey ya no tenía espíritu. Pero dijo cuál era la vía y fue atendido. Pidió la convocatoria de una Loya Jirga (asamblea de sabios) que redactó una Constitución con la que se celebraron nuevas elecciones que han asentado en la Presidencia -tampoco demasiado- a su pariente, Hamid Karzai.

Volvió a Kabul en olor de multitud en 2002, semanas después de la muerte en el exilio de la Reina Homaria, con la que tuvo siete hijos. No aspiró a hacer nada más que recorrer el país y reencontrarse con sus gentes. Tras haber reinado 40 años recibió en la Constitución el título de «Padre de la Nación». Sólo el cuarto de sus hijos varones, el Príncipe Mirwais, ha mostrado interés político. Mas parece probable que la última página de esta Monarquía plurisecular haya pasado con el sepelio de Zahir, conducido desde su Palacio de Haram-Sara hasta el mausoleo, en una colina sobre Kabul, donde ya descansaban los restos de su padre el Rey Nadir.

Zahir Sha Rey de Afganistán

Ceuta, ETA y los toreros franceses

POR JUAN PEDRO QUIÑONERO

Se anuncia un «verano caliente» desde muy diversos frentes meteorológicos.

«Caos en Barcelona», «Atascos gigantes», «Desorganización general» y «Gigantesco corte de electricidad» son algunos de los titulares del Washington Post, Tageblatt, Deutsche Welle y la BBC para anunciar a los turistas europeos y americanos los riesgos precipitados por el «gran apagón» de Barcelona.

Hay otros nubarrones. «Ceuta, la española, en la punta de mira de los islamistas», titula en París Le Figaro, que subraya el «caldo de cultivo» donde amenazan con dar frutos podridos las semillas islamistas radicales: «Crece el paro y aumenta la marginación mientras que nadie pone freno al desarraigo y el fracaso escolar». En Marruecos Le Matin insiste, inquieta, en una escalada de movilización policial. En Edimburgo, el Scotsman añade que «La Policía está ahora más interesada por las mezquitas que por ETA».

En París, Liberation no piensa de ese modo y titula: «ETA parece dispuesta a hacer hablar la pólvora». Y escribe: «En Lizartza, el miedo y la tensión son inmediatamente palpables (…) Hay muchos vascos que temen que esté de vuelta la furia destructora de ETA». Liberation concluye con una nota ¿optimista? a largo plazo: «Asistimos a la agonía de ETA. Pero esa agonía todavía puede durar algunos años».

Mientras tanto, el problema de la inmigración toma negros rumbos. El Mercurio chileno publica una larga crónica, donde afirma que «se multiplican los casos de malos tratos contra inmigrantes». Beatriz Silva desmenuza uno por uno varios dramas humanos e insiste en el «debate» que provoca el comportamiento «enérgico» de los Mossos d´Esquadra, en Barcelona.

Al otro lado de los Pirineos se abre un nuevo frente de competencia ¿artística? ¿empresarial? Les Echos publica un largo informe titulado «La nueva edad de oro de la corrida». Según el matutino financiero, los nuevos maestros franceses están escribiendo una página sin precedentes en el arte del toreo.

17 torpes

POR EDURNE URIARTE

LA extendida fe en que las mejores creaciones artísticas e intelectuales llegarán tarde o temprano a la sociedad tiene, en realidad, una base empírica bastante frágil. Es deseo más que realidad. Lo ha vuelto a demostrar ese avispado británico que envió una obra copiada de libros de Jane Austen a 18 editores y recibió el rechazo o el silencio de 17. Sólo uno la reconoció. Los demás devolvieron el libro por su falta de interés.

Como si Samuel Huntington se me presentara disfrazado a un examen de ciencia política y le pusiera un cero. O como si Roberto Alagna hiciera una audición en el conservatorio de mi pueblo y lo rechazaran por «falto de interés». Podríamos alegar algunos eximentes como no haber leído con detenimiento el examen o que era una soprano lo que en realidad querían, pero el bochorno y el problema seguirían siendo los mismos. El artista o el intelectual excepcional habrían pasado desapercibidos a nuestro torpe discernimiento.

Como le ha ocurrido a Jane Austen y me temo que a otros cuyo talento nunca vio la luz pública. Quizá porque el descubrimiento de la excepcionalidad está sometido a un endiablado círculo vicioso. La inteligencia y la creatividad del juzgado son, en estos casos, mayores que las de los juzgadores lo que plantea un espinoso problema de desequilibrio de niveles para el reconocimiento de los unos por los otros. Y todo talento extraordinario tiende, además, a ser rupturista. Crea nuevas ideas, adelanta el futuro, provoca, inquieta. Tiene que abrirse paso entre la fuerza de la costumbre, la vulgaridad, el miedo a lo nuevo. Lo singular es que lo consiga.

Para el doctor islamista el terror es reparador

POR STEPHEN SCHWARTZ E IRFÁN AL-ALAWI

LOS coches-bomba de Londres y Glasgow demuestran que una contraofensiva global contra la guerra,contra el terror está bastante encaminada. Aunque Irak sea la zona principal de conflicto, los radicales wahabíes de financiación saudí -conocidos entre los periodistas occidentales políticamente correctos como «insurgentes sunníes»- pretenden exportar «Al Qaida en Irak» a todo el mundo.

Pero con la campaña británica de coches-bomba ha emergido un nuevo elemento. Por primera vez en Europa hay facultativos entre los sospechosos. Uno de ellos, Mohammed Asha, es descrito como neurocirujano «brillante» procedente de Jordania; otro, Bilal Abdalá, es un médico iraquí. El fenómeno del profesional radicalizado extiende un campo de investigación para los detectives del terror hasta la fecha limitado. Nuestra organización, el Centro para el Pluralismo Islámico, ha difundido recientemente un estudio, «Formación científica e Islam radical», en el que analizamos cómo un buen número de disciplinas científicas son transformadas en radicalismos sangrientos.

No hay duda del papel especial jugado por profesionales radicalizados -principalmente médicos e ingenieros- en el ascenso del extremismo islámico. Este primer caso llegaba a la atención del mundo con la infiltración en asociaciones profesionales y médicas egipcias de la Hermandad Musulmana, culminando en los años 90. Sin duda el más infame representante de esta tendencia es el egipcio segundo de abordo de Al Qaida, el doctor Aymán al-Zawahiri -un médico procedente de una familia de médicos y farmacéuticos-. Pero la Hermandad Musulmana también tiene una influencia desproporcionada entre los palestinos a través de su vástago, Hamás, así como en Jordania y hasta en Irak, donde su fachada, el partido islámico de Irán, forma parte del Gobierno de Bagdad.

Por qué los médicos de países musulmanes sacrifican sus largos años de rigurosa educación en la ética de «no hacer ningún daño» y apoyan conceptos tan salvajes como «muerte al infiel»? Para el personal médico y científico occidental, al que se enseña a proteger la vida humana y a basar sus investigaciones y remedios en la razón, la violencia y el desprecio a la vida mostrados por Al Zawahiri y sus colegas de Al Qaida son tan aterradores como desconcertantes. ¿Cómo, se plantea, puede una persona formada para curar según una disciplina científica, comportarse con un desprecio tan absoluto a la vida?

Nuestro estudio, que se centra en los médicos árabes y paquistaníes (estos últimos, tanto en casa como en el extranjero) revela que a través de gran parte del mundo islámico, la medicina y la religión están atadas de una manera que ha desaparecido casi por completo de Occidente. Para los médicos occidentales, la medicina se puede basar en la ética religiosa; pero para los médicos musulmanes, se extrae de la ética religiosa y de la visión islámica del universo. Además, muchos musulmanes asocian curar con sus líderes religiosos, y en los países islámicos más tradicionales el imán es típicamente la primera persona (y con frecuencia la última) consultada por el enfermo, y la oración y las recetas de penitencia religiosa son las únicas terapias. La literatura de la Hermandad Musulmana, como los trabajos de Sayyid Qutb (1906-66), propagan la visión de que el Islam y la ciencia son inseparables entre sí, y de que una visión fundamentalista de la religión conducirá a un renacimiento de la ciencia musulmana, como la que existía en la edad dorada islámica hace más de medio siglo. Por este motivo la Hermandad Musulmana está poniendo ahora sus miras en los profesionales.

Además, el éxito político de la Hermandad egipcia, Hamás y Hezbolá es considerado en algunos sectores como producto de su capacidad para proporcionar servicios médicos y otros servicios sociales en países en los que los presupuestos estatales son grotescamente inadecuados o corruptos. Los islamistas han sido rápidos en comprender esta dinámica como medio de manipular a las masas. Muchos observadores afirman que Hamás ganó su fuerza en las urnas a costa de sus servicios sociales. La Hermandad Musulmana egipcia y sus grupos escindidos, incluyendo la Yihad Islámica egipcia, alcanzaron la prominencia entre los pobres proporcionando cuidados sanitarios a cambio de oportunidades de reclutar a los jóvenes del vecindario en la ideología extremista. Al Zawahiri es un producto de la Yihad Islámica egipcia; el camino desde su concepción de la «atención médica islámica gratuita» a Al Qaida no es largo.

Osama bin Laden utilizó su fortuna personal para construir escuelas y hospitales en Sudán, y así logró credibilidad como benefactor y proveedor de servicios sociales. Pero también debería observarse que, en contraste, la organización musulmana de Indonesia Nahdlatul Ulama, una entidad sufí y tradicionalista de cuarenta millones de miembros, controla redes enormes y exitosas de escuelas, hospitales y proyectos de rehabilitación de comunidades sin el recurso de la ideología extremista. Las «buenas obras» de la Nahdlatul Ulama son islámicas, pero no islamistas, y merecen mayor atención por parte de aquellos en Occidente hipnotizados por los programas públicos de ayuda social de grupos como la Hermandad Musulmana egipcia o Hamás.

Entretanto, sin embargo, los profesionales y otras personas «privilegiadas» juegan un papel más importante en la contraofensiva islamista contra Occidente que la «calle musulmana». En el mundo musulmán, el campesino o trabajador común está preocupado sobre todo por mantener a una familia y obtener estabilidad económica; solamente es después de haber obtenido cierta seguridad económica que el musulmán puede que recurra a la religión radical. Occidente ha entendido mal el Islam radical: no es tanto un producto de la miseria y de la sensación de opresión, como de las aspiraciones frustradas de la clase media musulmana.

Hay muchos más «facultativos asesinos» en el mundo del Islam fundamentalista. En nuestro estudio hemos documentado casos notables en Estados Unidos, donde el fenómeno de los médicos musulmanes radicales es bien conocido. Estos individuos sufren de mentalidad dividida, en la que sus deberes profesionales chocan frontalmente con sus fantasías ideológicas. No están conducidos por la fe o la formación, o la posición o las aspiraciones profesionales, sino por una ideología de separatismo fundamentalista. La ideología les une, pero están alienados de la realidad de la religiosidad auténtica tanto como de la ética personal y del desempeño profesional.

Cambia el clima, nosotros no

POR JOSE Mª GARCÍA HOZ

VA para diez años que España suscribió en 1998 el Protocolo de Kyoto y hace poco más de cinco que fue unánimemente ratificado por el Parlamento español. En la historia reciente del Reino de España pocas cuestiones han suscitado tanta unanimidad en la sociedad española: nunca nadie, desde ningún foro público, levantó una voz crítica sobre Kyoto y los compromisos que, en su concreción europea, adquirió España.

Las advertencias razonables de gente razonable sobre la imposibilidad de que España cumpliera esos compromisos eran formuladas privadamente y con miedo: nadie quería afrontar el riesgo de ser arrollado por la maquinaria unánime de la corrección política, impuesta desde todos los extremos del arco parlamentario y extraparlamentario: nadie discute la ley de la gravedad y nadie discute Kyoto; punto pelota.

Como no se puede discutir, nadie lo discute, pero los datos están ahí: de entre todos los países abajo firmantes de Kyoto, España es el que menos ha cumplido con sus compromisos, de forma que entre 1990 y 2005 sus emisiones de gases de efecto invernadero -los que contribuyen al supuestamente terrorífico e inminente calentamiento del planeta- han aumentado más del triple de lo libremente comprometido por el Gobierno y unánimemente aprobado por el Parlamento. Y cuando, en abril de 2002, el Congreso de los Diputados votó unánimemente la adhesión a Kyoto, España ya había renunciado de hecho a los objetivos de Kyoto.

No estamos ante una nueva manifestación de la recurrente dicotomía entre la España oficial y la real, ni del ensanchamiento de la brecha que separa a la clase política del común de la gente. Eso ocurrió en asuntos como el apoyo a la intervención militar en Irak, o en la aprobación e inmediata derogación del Plan Hidrológico Nacional o incluso la ley antitabaco y el estatuto de Cataluña. Para mí tengo que se trata de algo diferente y más grave: la española es una sociedad, incluidos sus dirigentes, que ha renunciado a pensar y, por tanto, no encuentra contrasentido alguno en vociferar contra el cambio climático, al tiempo que alimenta todas las calderas que lo provocan. Ojalá fuera esa hipocresía astuta de algunos países, que no tienen empacho en defender la necesidad del libre comercio mientras se aferran al más rancio nacionalismo, pero me temo que en el caso español sólo se trata de inconsciencia bobalicona.

En el no debate sobre Kyoto y sus consecuencias, tanto positivas como negativas, para el bienestar económico del país y de su gente, sólo se ha permitido criticar la insolidaridad de Estados Unidos, que, desde el principio, se negó a aceptar el Protocolo. Al ser la economía más grande del mundo, resulta lógico que Estados Unidos sea el país que más dióxido de carbono emite, aunque eso no impida que sus emisiones per cápita sean inferiores a las españolas. Pero precisamente a partir de ese «no», el debate climático ha tomado consistencia en la sociedad norteamericana. Y por el contrario, la unanimidad española es la que ha impedido una reflexión colectiva que acabara por crear una verdadera conciencia de la gravedad y los límites del problema.

Prestar oídos sordos al problema -como, por cierto, hizo el Gobierno hace dos semanas al aprobar un insustancial programa de medidas no menos insustanciales- no supone que el problema no exista, ni tampoco que se vaya a solucionar por sí solo. Llegará un día no muy lejano, concretamente el año que viene, en el que el problema se presentará de repente y la Unión Europea presente de golpe la factura de la borrachera energétical, y España deberá optar entre paralizar una parte sustancial de su aparato industrial o pagar unas cantidades de dinero insoportablemente grandes para obtener los derechos de emisión que compensen el exceso.

La única ventaja del drama que se avecina es que ningún partido podrá reprochar al otro su falta de visión y de decisión para hacer los deberes energéticos. Los dos han sido igualmente inconscientes e irresponsables. Son las ventajas del consenso y de la unanimidad.

El salto del ladrillo

POR M. MARTÍN FERRAND

LOS inventos políticos de José Luis Rodríguez Zapatero tienden a superar, en inutilidad y fantasía, los del profesor Franz de Copenhague en el TBO. Ahí está, en la cúspide de sus máximas creaciones huecas, el Ministerio de la Vivienda con el que, recién llegado a La Moncloa, realizó uno de los malabarismos demagógicos que tanta gloria le han dado frente a sus devotos y que, si Mariano Rajoy no lo remedia, le permitirán renovar su tiempo de Gobierno. En ese continente que, en función de las transferencias efectuadas a las Autonomías, no tiene contenido posible, colocó a María Antonia Trujillo, que, mientras duró en su cargo, fue, ya que no «una solución habitacional», una magnífica promotora para la risa colectiva, algo muy de agradecer en un país trágico y negro como tiende a ser el nuestro.

Ahora es Carme Chacón la que se encarga de no hacer nada -es decir, todo lo posible- al frente de tan despampanante invento de Zapatero y, seguramente para que no se note, el líder socialista no pierde ocasión para la pirueta dialéctica que sirva de paliativo verosímil al problema de la vivienda que tanto afecta a los jóvenes como preocupa a los mayores. Cualquier cosa menos abordar el problema y atacarlo en sus raíces con una rotunda liberalización del suelo y un marco legal que haga posible e incentive el alquiler de las viviendas.

Del mismo modo que, en sus días, Manuel Benítez «El Cordobés», ante su incapacidad para el toreo hondo y los pases clásicos, inventó el salto de la rana, Zapatero aprovechó la clausura del Congreso de las Juventudes Socialistas para anunciar «un gran salto» -¡el salto del ladrillo!- para facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda de un gran número de jóvenes. Yo no digo que no exista la piedra filosofal, pero aseguro que nadie la ha visto ni, mucho menos, ha podido experimentar con ella para tratar de convertir el plomo en oro. Será de celebrar que este Gobierno, o el que fuere, consiga paliar uno de los mayores problemas sociales que hoy nos afectan.

Para colocarse una medalla que no le corresponde, Zapatero presumió ante los alevines de su partido de «haber conseguido detener la escalada de precios» en la vivienda. Confiemos en que su salto del ladrillo sea más solvente que su gratuita afirmación. El moderado frenazo de precios que contemplamos es hijo del mercado y no de la sabiduría gubernamental. Peor aún: es el anticipo de una crisis que generará paro en el que es, hoy por hoy, nuestro primer sector económico y el de mayor capacidad de empleo para inmigrantes. Ni tan siquiera en uso de su acostumbrada frivolidad, el líder socialista debiera conformarse con una apariencia que, cuando madure, pasará a ser un inmenso problema con muy inquietantes consecuencias. Por lo que llevamos visto, «el gran salto» que perpetra Zapatero no precisará una larga cinta métrica para medirlo. Bastará con un doble decímetro.

La f.e.n. del zapaterismo

POR IGNACIO CAMACHO

A los futuros profesores de Educación para la Ciudadanía, esa milonga de adoctrinamiento progre que se ha inventado el Gobierno para mantener prietas las filas de su parroquia, les auguro el mismo triste destino que corrieron los de la Formación del Espíritu Nacional con que el franquismo pretendió evangelizar a mi generación en la buena nueva del Movimiento inmóvil. Rechifla guasona, displicencia despectiva y falta de respeto generalizada; es decir, el tratamiento que reserva la educación logsiana a todo educador, pero elevado al cubo por el tufillo de adiestramiento oficialista y sectario que conlleva una asignatura que, por mucho que el zapaterismo la venda como panacea de civismo democrático, no dejará de ser una «maría» entre un alumnado acostumbrado a pasarse por el forro incluso las materias teóricamente más severas de su supuesto aprendizaje.

Más que de la polémica objeción de conciencia que preconizan algunos obispos -no todos, como dejó claro ayer el prudente monseñor Dorado- y numerosos educadores cristianos, el verdadero rechazo a este intento de amaestrar a la chiquillería en los valores del republicanismo cívico va a venir de la mano de la indiferencia, sin duda la actitud más juiciosa ante esta impuesta catequesis laica. Respetando el activismo indignado de quienes encuentran en el inventillo doctrinal de ZP una imposición moral inaceptable, que objetivamente existe, y una injerencia del Estado en el ámbito de las creencias personales, confío más en la deriva natural de nuestro actual sistema educativo, que acabará arrinconando tan estelar ocurrencia en el desván de las inutilidades y supercherías con que la Administración invade la docencia mientras la despoja de su auténtico sentido de enseñanza de conocimiento, rigor, esfuerzo y disciplina.

La verdadera batalla que hay que dar en la educación española no es la de este señuelo diseñado para revestir al régimen de laicismo igualitarista, sino la de los valores que se transmiten en el resto de una programación docente vacía de contenidos, ausente de luces, deshabitada de ciencia e impregnada de éticas indoloras, énfasis localistas y tópicos tardosesentayochistas del pensamiento débil. No es en la Educación para la Progresía donde le van a comer el coco a unos chavales prevenidos desde que vean entrar por la puerta al profesor, sino en la Historia, las Humanidades o la Filosofía, aliñadas al gusto de la mentalidad dominante, y hasta en las Matemáticas o la Física, desleídas en el principio de la ausencia de dificultad. Es en la erradicación del mérito, en la abolición de la jerarquía intelectual y en el desprecio al método y al esfuerzo donde se la están metiendo doblada a unas nuevas generaciones desinstruidas de cualquier noción de superación, virtud, sacrificio o valía. Del mismo modo que la F.E.N. de mis tiempos no consiguió sumar un solo nuevo falangista, es dudoso que esta monserga demagógica valga para clonar ciudadanos uniformados según el patrón ético del adanismo zapaterista. Si lo lograse sería justo felicitar a sus inventores: habrían conseguido que la Logse sirviese para que alguien aprendiera al fin algo.

Libertades del otro jueves

POR VALENTÍ PUIG

YA dicen que el mayor exceso de la libertad de expresión consiste en entrar en un teatro lleno de público y gritar: «¡Fuego!». También hay otros límites a la libertad de expresión, y ahí las argumentaciones suelen ser sustanciales y muy significativas. No ha sido el caso de la caricatura de los Príncipes de Asturias expuesta en la portada del semanario «El Jueves», cuya confiscación fue dictada por el juez Del Olmo. En una primera fase, para el PP lo que primó fue abalanzarse sobre el fiscal general para proseguir achacándole servidumbres múltiples a La Moncloa. En segunda fase, el PP optó por seguir en su defensa de la libertad de expresión, pero matizando que la caricatura era ciertamente ofensiva. Desde el Gobierno, la primera fase consistió en decir que lo que haga la Fiscalía General estará bien en relación a su autonomía del gobierno, para luego entrar en una segunda fase, más desapegada, poniéndose en defensa atolondrada de la libertad de expresión. Osadía y temblor de piernas en sucesión acelerada: honda deficiencia de ambas partes en su explicación a la ciudadanía de lo que está en juego y de cuáles son las lindes de la libertad de expresión.

Habrá sido grande el susto al ver cómo lo que inicialmente era un rifirrafe próximo se trasladaba a la infinita platea de internet. Ahí se diría que lo que menos ha importado es el perímetro jurídico que merece la Corona -como toda otra institución y como la vida privada- frente a la agresión, lo zafio y la irresponsabilidad exacerbada. Plantearlo como el derecho de un caricaturista a dibujar lo que le venga en gana traspasa los términos de lo que sería debatir el derecho a injuriar a la Corona hasta el punto de anular la consideración de que ninguna libertad que implica a otros puede ser absoluta. En general, la opinión emitida estos días secunda peligrosamente esa anulación hasta el punto de deteriorar toscamente la misma noción de libertad de expresión, un elemento nuclear de toda sociedad abierta. No está de más recordar a Karl Popper: «Debiéramos en consecuencia reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia». Por eso la libertad, en toda sociedad libre, es algo circunscrito y no infinito. Para esto existen las leyes.

La libertad de expresión implica el deber de respetar la dignidad de los demás. Del mismo modo, toda sociedad se dota legítimamente de sus propias instituciones, asumiéndolas del pasado o creándolas «en novo». Por eso vivimos en una monarquía parlamentaria. Tales instituciones requieren de unas normas de respeto, de un código de formas compartidas, precisamente porque son de todos, sin que eso dé patente para hurtarle el cuerpo a la crítica y a la transparencia. En el caso de la caricatura de «El Jueves», en realidad cualquier matrimonio representado en los mismos términos ofensivos tendría el derecho a defender su dignidad. Es por su naturaleza de orden simbólico que damos a la Corona un trato específico, como si fuese el trato que merecemos todos en conjunto como comunidad libre e histórica. Eso corresponde a que la libertad se concreta en el contenido de nuestras elecciones.

Tan extendido como falaz, el argumento de que el secuestro de la publicación sólo ha logrado incentivar de forma fulminante la curiosidad del público -tan característica del ser humano como el aburrimiento- es como decir que hay que eliminar los semáforos porque algunos gustan de saltárselos en rojo. De hecho, la curiosidad también requiere de límites porque colinda con el derecho a una digna intimidad.

Cada sociedad tiene derecho a sus propios tabúes, del mismo modo que puede irse a los quioscos o internet y fisgar en la caricatura de la que todo el mundo habla. No hay contradicción entre el respeto general a la monarquía y la curiosidad chismosa por la portada de «El Jueves». Entre ambas realidades existen la ley, la Fiscalía General del Estado, los jueces. Pocos desacatan tal régimen de cosas a sabiendas de que una caricatura como la de «El Jueves» vulnera derechos. No se vea como una paradoja: aquí la intolerancia está en la caricatura y la libertad está en la ley.

vpuig@abc.es

Caos eléctrico en Barcelona

BARCELONA sufrió ayer un apagón eléctrico de graves consecuencias. Muchos miles de personas fueron víctimas durante horas de los fallos del suministro, que alcanzó a elementos sensibles y vitales de la ciudad. El ministro de Industria, Joan Clos, que asistía en la capital catalana a una reunión del PSC, asegura que no ha existido sabotaje, y todo apunta, al parecer, a la caída accidental de un cable en una central eléctrica. Sin embargo, no basta la palabra del ministro o la del alcalde, sino que es prioritaria la apertura de una investigación en toda regla para determinar con precisión las causas del siniestro. Una vez recuperada plenamente la normalidad, hace falta también que se evalúe el funcionamiento de los protocolos de emergencia y la actuación de los servicios correspondientes. El triunfalismo de algunas declaraciones de responsables políticos sobre la eficacia de la respuesta no se corresponde con la percepción de muchos miles de ciudadanos que hablan de caos, desorden y falta de información. Parece evidente que el apagón no fue consecuencia, como en otras ocasiones, de una sobrecarga en la red, y que todo se debió a un accidente o a un fallo técnico, que es lo que habrá que determinar en días venideros. El debate no debe centrarse en esta ocasión tanto en la insuficiencia de recursos por parte de las compañías eléctricas, a consecuencia de las imposiciones de un régimen tarifario que ahoga su margen de maniobra, sino en la vulnerabilidad de un sistema que en situaciones como la de ayer no ofrece alternativas: un simple cable se precipita y provoca un grave efecto dominó que al final sólo pagan los ciudadanos, impotentes y a la espera ahora de que se expliquen las causas últimas y se determinen las indemnizaciones.

Para recobrar la confianza es imprescindible actuar con eficacia. Ayer en Barcelona muchas personas se vieron atrapadas por el caos de tráfico, no funcionó el Metro, se suspendieron intervenciones quirúrgicas, los comercios no pudieron atender a los clientes y la actividad laboral sufrió graves perturbaciones. Todo ello genera unas pérdidas económicas que deben ser evaluadas con todo rigor, tanto respecto del «daño emergente» como del «lucro cesante». Será preciso habilitar fórmulas ágiles para reclamar los daños y perjuicios y establecer con claridad si es Red Eléctrica Española o la empresa suministradora la que debe cargar con las consecuencias, sin perjuicio de una eventual responsabilidad subsidiaria de las administraciones públicas. Lo peor sería dilatar y entorpecer las indemnizaciones, o tratar de ocultarse bajo el argumento de la «fuerza mayor» para eludir las obligaciones correspondientes. Una gran ciudad víctima de un apagón eléctrico es fiel reflejo de que vivimos en la llamada «sociedad del riesgo». Los poderes públicos tienen el deber inexcusable de reforzar las medidas preventivas y, en su caso, de reparar a la mayor brevedad las graves consecuencias de una jornada que dejará huella en la vida urbana de Barcelona.

Espectáculo socialista en Navarra

EL balance político del Partido Socialista de Navarra desde las elecciones de 27 de mayo empieza a merecer un estudio de ciencia política, porque no se puede incurrir en tantas contradicciones, y tan graves, en tan corto espacio de tiempo y sobre asuntos esenciales para su posición en la Comunidad navarra. El PSN interpretó los resultados electorales como una expresión de la voluntad de los ciudadanos de mandar a la oposición a Unión del Pueblo Navarro, pese a que esta formación había aumentado votos y escaños. El segundo fue considerar que el cambio debía liderarlo su candidato, Fernando Puras, a pesar de ser la tercera fuerza política. A partir de estas premisas, el PSN dio por hecho el acuerdo con Nafarroa Bai. La prioridad era el poder, aun a sabiendas de que si NaBai escondía sus propuestas más radicales -inmersión en el euskera de las zonas castellanohablantes, consulta de anexión al País Vasco, organismos conjuntos con esta comunidad- sólo sería para aparentar la moderación que requeriría la presentación en público de una coalición con muy mala prensa en el resto de España. De esta forma, el PSN acabaría haciendo buenos los temores no tanto de que «vende Navarra», sino de que el socialismo abriría brecha en el foralismo navarro para dar a los nacionalistas vascos un éxito histórico: meterse en las instituciones de Navarra.

Sin el proceso de negociación con ETA y sin el interés de Zapatero en mantener vivos algunos rescoldos de los cinco años de contacto con Batasuna y, luego, con los etarras, el PSN no se habría planteado tan decididamente la coalición con NaBai. Y si a Rodríguez Zapatero no le pesaran tanto los temores a un rechazo electoral en 2008 por el pacto con los nacionalistas, Puras no habría tenido que plegarse a las órdenes del PSOE y dejar al PSN en la peor encrucijada posible, al haber apostado por un acuerdo con los nacionalistas que no se va a producir y verse ahora en la tesitura de facilitar un gobierno de UPN. La incoherencia del PSN y las contradicciones internas – Teresa Fernández de la Vega y José Blanco mantuvieron ayer posturas no coincidentes en lo referente al papel que deberían adoptar los socialistas navarros- ha adquirido carácter de irresponsabilidad absoluta, porque ha provocado la mayor desestabilización institucional nunca antes conocida por esta comunidad.

El PSN se ha visto forzado a no gobernar, pero tampoco parece del todo dispuesto a dejar que otros lo hagan. Puras ha tenido que desdecirse de su pacto con NaBai porque a Zapatero le conviene electoralmente. Lo que está sucediendo en Navarra podría ser únicamente el resultado de la táctica socialista de ganar tiempo hasta las generales de 2008.

Laicismo, educación y ciudadanía

LA polémica sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía no sólo no cesa, sino que, a medida que se aproxima el nuevo curso escolar, aumenta la polarización de posiciones a favor y en contra. Este efecto disgregador es suficiente por sí solo para valorar negativamente esta nueva materia y demandar del Gobierno su retirada del currículo escolar, porque no es viable un modelo educativo que presente una quiebra de tal envergadura como la que existe entre la jerarquía y los centros católicos, por un lado, y el Ejecutivo socialista, por otro. Rodríguez Zapatero justificó aún más los motivos para el rechazo cuando, ante las Juventudes Socialistas -llamadas a sí mismas «nuevos rojos», título rancio donde los haya-, proclamó que «ninguna fe puede oponerse a la soberanía popular, que reside en el Parlamento, ni a las leyes que de la misma dimanan». El presidente del Gobierno hizo un análisis propio de otra época o de otro país, pero su agresividad laicista no tiene lugar en la España actual, porque nadie pretende imponer fe alguna a la ley, ni sustituir la soberanía popular por un ideario religioso. Por radical que sea, la discrepancia con una ley es siempre legítima si se expresa pacíficamente y a través de los cauces constitucionales. Además, hay casos en que las convicciones religiosas y morales se imponen al cumplimiento de la ley, como sucede con el secreto de confesión o la objeción de conciencia frente al aborto. Zapatero no debe olvidar que, si hay una libertad individual especialmente vinculada al origen del sistema democrático, ésa es la religiosa, por lo que la contraposición que hizo entre fe y Parlamento es una muestra de notoria superficialidad en el manejo de conceptos básicos de teoría política. Cuestión distinta es que el presidente del Gobierno haga algún día esta defensa de la aconfesionalidad del Estado en los foros de su Alianza de Civilizaciones, algo que agradecerían los grupos democratizadores del mundo musulmán.

El problema es que la Educación para la Ciudadanía, al margen de los contenidos concretos de cada libro editado para su enseñanza, falla en su origen, porque pretende ejecutar en las aulas el propósito del Gobierno de formar a los alumnos en una determinada forma de ser ciudadano, cuando la ciudadanía democrática es, ante todo, una forma de «estar» en la sociedad y de respetar los límites al ejercicio de los derechos y las libertades. Para esto último bastaría enseñar a los alumnos los principios políticos de la Constitución de 1978, empezando, por ejemplo, por el que define a España como patria común e indivisible de todos los españoles. Pero es todo un síntoma de las verdaderas intenciones políticas de esta iniciativa educativa que el PSOE y el Gobierno, cuando insisten en que la asignatura defiende los «valores constitucionales», no incluyen entre éstos la identidad nacional y el respeto a los símbolos nacionales, que, por otro lado, es lo primero que aprenden los niños y los jóvenes en los países de nuestro entorno. El Gobierno practica un intervencionismo moral en la formación de los alumnos que es impropio de un sistema de libertades.

Frente a este grave error del Gobierno, la Iglesia Católica y la comunidad educativa confesional deberían responder con criterios comunes y argumentos sólidos. La objeción de conciencia es, en general, una opción legítima de todo ciudadano, pero debe tener sus condiciones y su contexto. La discrepancia entre los centros católicos y un sector de la jerarquía católica confunde a los fieles y traslada la polémica de la asignatura a quienes la van a padecer, y no a quienes son responsables políticos de su aprobación. La objeción de conciencia es un recurso legal cuando la invoca quien está obligado a realizar una prestación que contradice sus creencias. Es discutible que un alumno o una familia esté en esta situación respecto a la Educación para la Ciudadanía, sobre todo porque, como señalaba ayer en ABC el obispo de Málaga, monseñor Dorado, va a ser impartida en centros católicos, que serán los encargados de hacer llegar a los jóvenes los contenidos de la materia debidamente adaptados a los principios de sus respectivos idearios. Esta polémica entre católicos es un regalo que no merece el Gobierno.

Putin, el mundo «ex»

POLONIO. Rostros desfigurados. Hoteles de lujo. Diplomáticos expulsados. Películas de espías. Londres como telón de fondo… ¿Quién se resiste a invocar la Guerra Fría? Vuelve el mundo «ex», bien definido por el escritor croata Predrag Matvejevic: hay una generación que flota en el aire de la antigua Unión Soviética, la Yugoeslavia extinguida, el comunismo obsoleto, la memoria poco fiable de purgas y disidentes. Vladimir Putin es fiel reflejo de ese mundo «ex», incluidos sus años juveniles en Berlín como vigilante de acero de aquella gran falacia histórica. He aquí los fragmentos de una sociedad internacional que nadie consigue definir. El eje geopolítico del planeta se desplaza desde el Atlántico al Pacífico. Estados Unidos acepta de buen grado su destino como «hegemón» universal. La Europa más razonable entrega su suerte a una generación de políticos laboriosos, con Merkel y Sarkozy a la cabeza. El islam militante desafía el reparto de poder a escala global. China sigue a lo suyo… Aquí y ahora, Zapatero lee manuales de autoayuda para espantar al «elefante» imaginario de los conservadores locales o foráneos. Intelectuales livianos juegan a ser posmodernos y discuten sobre la Documenta de Kassel: ¿de verdad que los modernos son para nosotros lo que fueron para ellos los antiguos? Ridículo dilema. Volvamos al mundo real, porque falta un veterano protagonista que no acepta una jubilación como actor de reparto. ¿Qué ha sido de Rusia?
Una generación después del fracaso de la Unión Soviética, el gigante recupera el aliento y tapona como puede sus grietas internas. Aunque ha perdido cinco millones de kilómetros cuadrados, la Federación actual sigue siendo el Estado con mayor superficie del mundo. Cuenta 150 millones de habitantes y un centenar de «nacionalidades» diferentes. Despierta la conciencia patriótica, si es que alguna vez se ha ido, muy vinculada con la Iglesia ortodoxa y su estética populista. Rusia no quiere ni puede asimilar la explosión territorial. No se trata de los Estados satélites, distintos y lejanos, ni siquiera de los bálticos, aunque duele el maltrato a la población de origen ruso en Estonia o en Letonia y preocupa el «status» de Kaliningrado, la desolada Königsberg kantiana. Se dan por perdidas las repúblicas islámicas de Asia, aunque muchos claman contra su despotismo hereditario y semifeudal. El problema reside en Kiev y en Minsk, porque nadie acepta la segregación de la matriz de su propia alma. ¿Es concebible España sin Covadonga? Los hechos han dado la razón a H. Carr_re: las naciones irredentas son el veneno de la Rusia posimperial, frente al error del marxismo, otro más, al explicar un conflicto moral como reflejo de la lucha de clases. Así pues, nostálgicos del comunismo vetusto confluyen con nacionalistas de la peor especie para recuperar el mal sueño totalitario. Frente a ellos, el antiguo espía del KGB es un pragmático que se cubre ante la opinión interna con ráfagas de una política de poder a escala internacional. Como prueba, el éxito para contener el separatismo checheno. El precio no importa.
Es una causa muy grata para recuperar los ancestrales mitos eslavófilos: Moscú como tercera Roma, heredera de Bizancio, según la doctrina de Filoteo de Pskov, ortodoxa y patriarcal, con dosis renovadas de antisemitismo. Todo ello con arraigo notable en la Rusia profunda, las inmensas llanuras agrícolas del sur y la propia Siberia, en oposición al norte (esto es, San Petersburgo, de donde proceden Putin y los suyos), marcado por la apertura al cercano mundo libre. El complejo de derrota en la Guerra Fría hace renacer el fatigoso debate entre «occidentalistas» y «euroasiáticos». También circulan en ambientes seudoacadémicos ciertos textos que mitifican la formación de otro Imperio, heredero esta vez de los tártaros. Doctrinas explosivas, listas para justificar cualquier cosa ante la situación en las repúblicas ex soviéticas; sobre todo, en Ucrania, partida en dos desde el punto de vista cultural y deprimida por las expectativas frustradas de la «revolución naranja». El Kremlin reacciona con frialdad, al más puro estilo de su eterna hoja de ruta. La tradición inteligente del leninismo prohibía a los oligarcas del PCUS emprender aventuras sin sentido. Budapest o Praga fueron acciones medidas, inspiradas por el realismo político, pura razón de Estado con el fin de imponer la soberanía «limitada» por la conquista del proletariado y servir de escarmiento para los demás. El Ejército Rojo, ya inservible para entonces, sólo fracaso en Afganistán, lucha pionera y fallida contra el fundamentalismo islámico.
Moscú se siente vulnerable -porque lo es- ante la incorporación de sus antiguos territorios a la Unión Europea y a la OTAN y por el descontrol en regiones de alto interés estratégico para la energía. Mucho más ahora, con el petróleo al alza y el chantaje operativo: los dioses del oro negro nunca han sido generosos con las democracias. El discurso oficial habla de un «camino propio» hacia la libertad política, es decir, una mentira para sostener el régimen autoritario. Putin ha dicho que la desintegración de la URSS fue la mayor «catástrofe geopolítica» del siglo XX, jugando con expresiones que alimentan una razonable sospecha. Recupera los peores hábitos de la Guerra Fría, ya sea el asesinato de periodistas incómodos o de antiguos espías. La globalización en el Imperio se limita a exportar personajes de dudosa reputación con alta capacidad para controlar empresas multinacionales y comprar equipos de fútbol. En el fondo, el Kremlin sigue siendo la cabeza de un Estado «hambriento», según la dramática definición de Osip Mandelstam, el poeta infortunado. La pregunta sobre el objetivo último continúa sin respuesta, acaso escondida en los pliegues de una lucha sin cuartel contra los sectores rivales de la plutocracia. Los ensayistas de moda aseguran que se trata de reproducir el modelo soviético, claman contra el asalto a la escuela de Beslán o denuncian cada poco la presión agobiante sobre Georgia o Bielorrusia. Sobran los motivos para desconfiar, pero tal vez sea éste el mal menor para tapar los agujeros de un eventual Chernóbil a escala política. Una Rusia sin Putin, o sin un sucesor «ad hoc», sería todavía más peligrosa.
A veces parece que aquello no tiene remedio. No basta con visitar las dos grandes capitales, viejos iconos y modernas limusinas. El viajero que recorre el interior del país no sale de su asombro: edificios en ruinas por aluminosis, zonas industriales desvencijadas, centrales nucleares al borde de la tragedia… Noticias sobre el saqueo de obras de arte, expolios que alimentan el mercado negro: los venden a los oligarcas rusos del exterior, y así se cierra el círculo a gusto de todos. La gente sobrevive al límite de la miseria, material y a veces moral. Herencia del paraíso soviético, de acuerdo con F. Furet, muy recordado estos días a los diez años de su muerte: la revolución de Octubre liquida por sí misma cuanto se hizo en su nombre y no deja nada en pie, ni principios, ni códigos, ni instituciones, ni siquiera una historia que contar. Los modales siguen siendo arcaicos. Estos rusos son como «osos bautizados», decían los europeos refinados durante la «gran embajada» impulsada por Pedro el Grande en pleno siglo de laIlustración. Sin embargo, Rusia es una gran nación, con una cultura espléndida y un patriotismo envidiable. Vive ahora los últimos y nada inocentes zarpazos de Vladimir Putin. Ecos de la Guerra Fría. Futuro incierto y apasionante. ¿Quién dijo «fin» de la Historia?
BENIGNO PENDÁS
Profesor de Historia de las Ideas Políticas

Reforma migratoria y política fiscal

Ricardo Medina Macías

Una inteligente reforma migratoria podría darle salida al grave problema fiscal de Estados Unidos, pero la miopía de políticos y comentaristas ha impedido que los inmigrantes calificados sean la respuesta al envejecimiento de los otrora bebés de la posguerra.

El envejecimiento de la generación nacida en los años inmediatos posteriores a la Segunda Guerra Mundial no sólo tiene en jaque el futuro de la productividad de la economía estadounidense, sino también a sus precarias finanzas públicas.

El año 2000, Kjetil Storesletten, de la Universidad de Estocolmo y del Centro de Investigación de Políticas Económicas, publicó un trabajo de investigación llamado Sustaining Fiscal Policy Through Immigration (Sosteniendo la política fiscal a través de la inmigración) y difundido por la Universidad de Chicago, que demuestra sólidamente que una reforma migratoria que permitiese a Estados Unidos aceptar cada año 1,6 millones de inmigrantes cabezas de familia de entre 40 y 44 años con calificación laboral media y alta, bastaría para resolver los graves problemas fiscales que enfrenta ese país por el envejecimiento de los bebés de la posguerra.

El trabajo muestra que:

1. Una apertura migratoria generaría muchos mayores ganancias que pérdidas a las finanzas públicas de Estados Unidos.
2. Que la reforma migratoria debería crear un sistema semejante al canadiense, de selección por puntos, en los que las calificaciones laborales de los inmigrantes junto con su edad productiva fuesen criterios determinantes.
3. Que Estados Unidos ganaría mucho si automáticamente otorgase la residencia permanente a los extranjeros doctorados en sus universidades.

La alternativa fiscal a no hacer una reforma migratoria es elevar considerablemente los impuestos y las cuotas de seguridad social y/o que se reduzcan sustancialmente los beneficios a retirados y a los trabajadores inscritos en programas de bienestar.

Los inmigrantes aportan una ganancia neta al sistema fiscal y de seguridad social porque retiran de él menos de lo que aportan y, además, un porcentaje superior al 20% de trabajadores inmigrantes retornan a su país de origen tras haber aportado al menos una década de trabajo, impuestos y cuotas de seguridad social que quedan como beneficio fiscal neto para Estados Unidos.

Sólo la estupidez de políticos y comentaristas, que no ven más allá de sus prejuicios, explica por qué Estados Unidos conspira contra su propio bienestar.

© AIPE

Ricardo Medina Macías es analista político mexicano

¡Depórtenlos ya!

Michelle Malkin

Compatriotas, tenemos un problema. Nos gastamos miles de millones de dólares en seguridad, pero nuestro Gobierno ni siquiera puede hacer seguimientos y deportar a delincuentes extranjeros ya condenados. No hablo de los “recién llegados” que vienen con buenas intenciones porque sólo quieren ” buscar oportunidades económicas haciendo los trabajos que nadie más hace”. Son matones nacidos en el extranjero, agresores sexuales, asesinos y conductores ebrios reincidentes que están destruyendo el sueño americano.

Si nuestro sistema de inmigración y entrada no puede supervisar, detener y expulsar con eficacia a delincuentes extranjeros convictos –incluyendo los que cruzan ilegalmente la frontera, los que siguen aquí tras caducar su visado, los deportados fugitivos y los que tienen permiso de residencia pero han cometido graves delitos–, entonces ¿de qué sirve?

El terrible secuestro y asesinato de Zina Linnik, de 12 años, en Tacoma, Washington, el 4 de julio, es el ejemplo típico de la puerta giratoria del criminal extranjero. El acusado de secuestrar y matar a Linnik, Terapon Adháhn, que presuntamente la raptó en el patio de su propia casa, es un tailandés que reside legalmente aquí. Fue condenado por incesto en 1990. Adháhn había atacado sexualmente a una pariente de 16 años y se confesó culpable de una violación en segundo grado. Dos años más tarde fue condenado por intimidación con arma peligrosa.

La sección 1227(a)(2)(C), título 8, de la ley federal que se ocupa de la inmigración afirma: “Cualquier extranjero que en cualquier momento tras su admisión sea condenado bajo cualquier ley por utilizar, poseer, sostener o transportar cualquier arma, pieza o accesorio de un dispositivo destructivo o arma de fuego en violación de cualquier ley es deportable”. Pero Adháhn no fue deportado. De hecho, como admitió Lorie Dankers, portavoz de Vigilancia y Control de Inmigración y Aduanas en Seattle: “Escapó de nuestra atención”.

Lo mismo sucedió con el gángster inmigrante ilegal Mwenda Murithi, que fue detenido 27 veces sin que se le deportara antes de ser arrestado por la muerte a tiros de una inocente transeúnte de 13 años, Schanna Gayden, el mes pasado en Illinois.

Lo mismo sucedió con el delincuente inmigrante ilegal Ezequiel López, que tenía antecedentes que sumaban seis años de prisión sin que le deportaran, antes de ser detenido por el asesinato del ayudante del sheriff Frank Fabiano hace dos meses en Wisconsin.

Lo mismo sucedió con el inmigrante ilegal Juan Leonardo Quintero, que había sido deportado previamente tras cometer varios delitos, desde indecencia con un niño hasta conducir estando bebido, pero que encontró la manera de volver a Estados Unidos el pasado otoño y fue detenido después de que presuntamente disparara cuatro veces al policía de Houston Rodney Johnson en la cabeza durante un control rutinario de tráfico.

Y la lista sigue y sigue.

No son los “radicales anti-inmigrantes” los que están hartos del fracaso a la hora de expulsar y mantener fuera del país a los extranjeros que violan la ley. El tío de Zina Linnik, Anatoly Kalchik, señala que la suya era una familia de inmigrantes legales que obedecía todas las leyes, según el Seattle Post-Intelligencer:

El tío de Zina estaba furioso porque el sujeto no hubiera sido deportado tras ser declarado culpable en un crimen sexual. “Todos somos inmigrantes, pero venimos aquí legalmente”, dijo Kalchik de su familia. Añadió que todos los adultos están limpios y no tienen antecedentes. “Si alguien es un agresor sexual, o cualquier otra clase de delincuente, no se le ha perdido nada en Estados Unidos”, afirmó.

Los interventores y los funcionarios federales de inmigración han intentado avisar sobre este problema durante los últimos diez años. Pese a ello, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional informó el año pasado que de los alrededor de los 650.000 presos extranjeros que ese año había en las cárceles, la mitad son inmigrantes legalmente deportables que no serán expulsados porque la oficina de detención y deportación “carece de recursos para identificarlos, detenerlos y expulsarlos”. Y esto es sólo el mejor cálculo que pueden hacer. A pesar de los mandatos federales, los acuerdos de cooperación y las incontables promesas políticas, aún no existe un sistema a nivel nacional que funcione con información básica sobre los extranjeros ilegales recluidos.

¿No tenemos ya suficientes delincuentes nacionales como para sufrir una amenaza añadida a la seguridad pública, la de los criminales extranjeros conocidos y condenados que salen de las cárceles para desaparecer y cometer más delitos?

El congresista demócrata David Price, de Carolina del Norte, está impulsando una ley que exige comprobaciones mensuales de las prisiones por parte del Departamento de Seguridad Nacional para hacer un seguimiento de los extranjeros ilegales encarcelados, aumentar el presupuesto para las deportaciones de delincuentes extranjeros y expandir un programa conocido como 287(g) para incentivar la cooperación de más funcionarios locales y estatales con las autoridades federales a la hora de ayudar a identificar y deportar de sus ciudades a delincuentes extranjeros.

¿Por qué no estamos haciendo todo esto ya? ¿Cuántas vidas inocentes más se perderán o serán arruinadas antes de que lo hagamos?

© Creators Syndicate, Inc.

Los estándares abominables de Microsoft

Borja Prieto

Jorge Luis Borges escribió que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Guillermo de Ockham tampoco era muy partidario de multiplicar los entes sin necesidad.

Hace algo más de un año se aprobó el estándar ISO 26300. Corresponde al formato de documento ofimático OpenDocument (ODF), que usaba en aquel momento la suite ofimática OpenOffice. Desde entonces, el uso de ODF se ha extendido enormemente. No solo es el formato oficial de gigantes de la industria como IBM, sino que también lo usan las nuevas aplicaciones web como Google Docs o SlideShare. Y si nuestras administraciones públicas fueran coherentes, también sería su formato oficial.

Hasta aquí, todo perfecto. Los estándares permiten que toda la tecnología que nos rodea funcione. ¿Se imaginan lo que sería que cada aparato eléctrico funcionara a un voltaje diferente? ¿Los inconvenientes de tener tornillos que sólo pueden ser colocados con un destornillador del mismo fabricante? Disponer de elementos estandarizados es fundamental para que la industria de la información madure.

Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos. La aprobación de OpenDocument como estándar ISO 26300 supuso un golpe para Microsoft. Una de las tácticas de esta compañía para “fidelizar” a sus clientes es impedir que puedan usar otros productos para acceder a sus propios documentos. Un formato de documento estándar, evidentemente, hace saltar por los aires este cerrojo. Y varias administraciones públicas han adoptado ODF como formato estándar, lo que abre paso al uso de paquetes ofimáticos alternativos como OpenOffice.

Así que Microsoft ha decidido promover un nuevo estándar, llamado Office Open XML (OOXML) . Un estándar que no beneficiará a los usuarios, sino que les mantendrá atados a los productos de esta compañía. Un estándar en el que yace agazapada la amenaza de litigios por patentes o propiedad intelectual para quien se atreva a utilizarlo de formas no previstas por el gigante de Redmond. Ocultas entre las más de 6.000 páginas de especificación (ODF ocupa 700) hay multitud de referencias a formatos propietarios de Microsoft (cuando existen estándares ISO que podrían utilizarse sin problemas), especificaciones inconcretas, elementos que existen solo para facilitar la compatibilidad con otros programas de Microsoft pero que no pueden ser implementados por terceros…

En resumen, OOXML no está diseñado para facilitar su uso libre por parte de cualquier organización, como las que elaboran productos que compiten con los de Microsoft. Está diseñado para que las administraciones públicas puedan decir “ya uso un formato de documento estándar; no tengo por qué usar ODF”. Y sigan atadas a MS Office, ajenas a sus obligaciones de hacer un buen uso de los fondos públicos, de garantizar la neutralidad tecnológica y de custodiar eficazmente la información de sus administrados.

En esta batalla, Microsoft no sólo multiplica sin necesidad los estándares. Ha multiplicado también los miembros de los comités de estandarización nacionales, de manera que un número sorprendente de partners de esta compañía se han dado de alta en los últimos meses y han votado a favor de la aprobación de OOXML.

Abominable, pues, la táctica de Microsoft de multiplicar sin necesidad estándares y miembros con tal de impedir que los usuarios de programas ofimáticos puedan usar sus documentos como mejor les parezca.

Borja Prieto es autor de los blogs Diarios de las estrellas, Futuro Linux y Desencadenado.

El rompecabezas Clearstream

Carlos Semprún Maura

Un amigo internauta me llama por teléfono y me dice:

– Tu “misterioso príncipe saudí” ni es misterioso ni es saudí: se trata de Su Alteza Hamad Bin Califa, emir del Qatar, y uno de sus hijos estudia en la Escuela Militar de Saint-Cyr, y probablemente desfilaba ese 14 de Julio. Pero el emir estaba en Francia para comprar armas, y el cheque que ha firmado se merecía la plaza de honor en el desfile.

– ¿De dónde sacas esas informaciones? – pregunto.

– De Internet – responde –. Ya es hora que te espabiles y lo tengas. – Y me suelta su eterna retahíla sobre la necesidad del acceso a Internet para estar informado.

Hecha esta puntualización, volvamos al rompecabezas Clearstream, que de nuevo ocupa la primera plana de los periódicos. Me parece necesario recordar de qué va esta historia, que lleva coleando desde hace varios años. Un ejecutivo de ese banco, despedido, quiso vengarse y denunció –no recuerdo ya si anónimamente o no– que blanqueaba dinero sucio y produjo o inventó listas de personas que se beneficiaban de esos ilegales favores.

En Francia, alguien tuvo la idea de falsificar esas listas, posiblemente ya falsificadas, añadiendo nombres de personalidades políticas, como Nicolas Sarkozy. También metieron a Strauss-Kahn y otros muchos, pero el principal objetivo era obstaculizar al máximo lo que acaba de ocurrir, o sea, la marcha triunfal de Sarkozy hasta la Presidencia. Es un secreto a voces que quienes querían lanzar esa campaña de infundios, sospechas y desprestigio eran Chirac, presidente, Villepin, cuando era ministro de Asuntos Extranjeros, en 2004, y algunos “chiraquianos” de la UMP y del Gobierno. Sin embargo, es bien sabido que el tiro les ha salido por la culata, ya que enseguida se demostró que todo era falso y, además, Sarkozy ha sido elegido presidente.

Pero hoy, el oscuro asunto Clearstream vuelve a la actualidad y el ex primer ministro De Villepin está en el ojo del huracán de la Justicia, con nuevos y largos interrogatorios de los jueces y registros en su domicilio y en su despacho; se habla ya de su imputación. Lo que yo no entiendo es que Jean-Louis Gergorin, el corbeau (autor de las denuncias anónimas contra Sarkozy), y el autor de las falsificaciones de las listas, Imad Lahoud, sean de nuevo interrogados por los jueces como si fueran ciudadanos honestos, cuando se sabe que mintieron y falsificaron para “pringar” a Sarkozy. Ahora afirman, con la buena fe de los mentirosos, que se limitaron a obedecer a las órdenes de Villepin, el cual seguía las instrucciones de Chirac. Pero ¿pueden los jueces fiarse de semejantes testigos? De todas formas, mientras todo gire en torno a conversaciones privadas y confidenciales, va a ser muy difícil demostrar la culpabilidad de alguien. Los políticos también saben mentir.

Teólogos sin teología

El problema de denominarse “teólogo progresista” es que la expresión constituye una viscosa y oscura contradicción. En primer lugar, porque “teología” y “progresista” son conceptos que señalan realidades distintas: saber o ciencia de lo absoluto lo uno, posición histórica o política lo otro. Escasa relación entre ambas, a no ser que uno sea un marxista convencido. Y aún haciendo un esfuerzo marxistoide, no terminamos de entender cómo una teología puede ser progresista; ¿es Dios el “progresista” o cambia con el tiempo? ¿Es la teología la que “progresa”? ¿Con qué, con el microscopio? ¿Con la lucha obrera? ¿Las barricadas permiten conocer mejor los atributos divinos?

Lo sospechoso es que, con lo aburridos que suelen ser los teólogos, quienes nos dedicamos a los estudios estratégicos entendemos demasiado bien por donde van los tiros. Acierta el lector; se trata de “teólogos” que hablan mucho de política pero poco de religión, y mucho menos de Dios. Se dedican a ensalzar a los islamistas españoles, a criticar obsesivamente a Benedicto XVI y –cómo no–, a atacar a Bush o Aznar. Raros teólogos éstos, que ahora se han empeñado en calificar obsesivamente a Ratzinger de integrista, defendiendo la Alianza de Civilizaciones con quienes piden la cabeza del Papa.

¿A quién se debe el éxito de estos grupúsculos? Por un lado, a aquellos mismos grupos mediáticos que cocinan crucifijos, que acusan a la Iglesia de pedofílica y que defienden las mofas contra jesucristo como muestras de libertad de expresión. Y que consideran a los cristianos un problema, a medio camino entre el analfabetismo paleto y el fundamentalismo cristiano. ¿puede un teólogo cristiano ir de la mano con quien desprecia, no sólo la teología, sino también el cristianismo y la propia religión? Sí, puede, a condición de ser escasamente teólogo y ser muy pero que muy progresista.

Y por otro lado, los “teólogos progresistas” son ensalzados por el islamismo de ayer hoy y siempre. Es decir, por aquellos que aspiran a enterrar al cristianismo bajo diez metros de tierra para instaurar un califato islámico en medio mundo. Curiosamente, el islamismo aplaude entusiasmado cada vez que los “teólogos progresistas” alertan de lo mala malísima que es la Iglesia Católica. Porque una de las características de éstos es su ardor guerrero al denunciar el integrismo y el fundamentalismo cristiano y su desgana y disimulo cuando en nombre de Alá se asesina en masa a lo largo del mundo. Así, los islamistas españoles están entusiasmados con semejantes compañeros de viaje.

La cristofobia española los adora, lo mismo que el lobby islamista, que a veces son lo mismo. Así que convendrá el lector en algo; que las opiniones de los “teólogos progresistas” españoles sean celebradas por quienes odian la teología y odian al cristianismo resulta raro y sospechoso. Probablemente deberían preguntarse si hay sitio para la “teología progresista” en las madrassas de sus actuales compañeros de viaje. No vaya a ser que algún día añoren profundamente a Wojtyla y Ratzinger, con los que tan bien les está yendo.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

HIZBUFIL

GEES

¿Tiene sentido la misión de la ONU en el Líbano donde patrullan como cascos azules algo más de mil soldados españoles? No, si la única preocupación de sus responsables es  evitar más bajas a cualquier precio. Y no, desde luego, si ese precio es legitimar de cualquier forma a Hezbolá.

Las noticias que llegan desde el sur del Líbano estos días no son muy tranquilizadoras a ese respecto pues, según se ha recogido en diversos medios de comunicación libaneses (ver, por ejemplo NOW Lebanon), los mandos militares españoles podrían haberse reunido con jefes de Hezbolá no sólo a fin de recabar información sobre el ataque que costó la vida a seis de sus hombres el pasado mes de junio, sino, sobre todo, para solicitar su activa participación en la seguridad de nuestro contingente. Algunos periodistas como Nicholas Blanford llegan a hablar de escoltas armadas de los terroristas de Hezbolá para nuestras tropas. Eso supondría, de hecho, haber capitulado frente a las ambiciones de la banda armada libanesa al servicio de Damasco y Teherán.

El ministerio de Defensa español afirma creer que Hezbolá no fue la responsable del atentado contra las tropas españolas. Pero ¿puede alguien imaginarse, por ejemplo, que el IRA pusiera un coche bomba contra un convoy de la Ertzaintza en Vergara sin que ETA y su entorno lo supiera con antelación? La inocencia de Hezbolá es poco creíble habida cuenta de que controla absolutamente el entramado social en el sur del Líbano desde hace casi una década.

Pedirle a los terroristas escolta y protección puede parecer lo más lógico para evitar nuevos ataques, pero sólo en lo superficial. En realidad nuestros soldados se están malvendiendo a los violentos chiíes del Líbano, quedando completamente a su merced y voluntad. La lección que nuestros mandos militares y responsables políticos debieran haber sacado es justamente la contraria: que nunca se puede esperar un buen trato con mala gente. Y Hezbolá es mala gente que en estos momentos se encuentra pensando en cómo acabar con el Gobierno legítimo en Beirut.

Las fuerza de la FINUL reciben cotidianamente visitas de los “lugareños” en las que se hace notar lo bien que conocen a sus integrantes, sus movimientos, sus rutinas, etc. El ataque contra el convoy español no es sino un aviso más en esa continua escalada de intimidación. El Gobierno y los mandos militares deberían confirmar o negar cuanto antes las noticias sobre estas escoltas privadas de Hezbolá. Porque tarde o temprano los escoltas volverán sus armas contra nuestros soldados si de verdad éstos quieren hacer valer las resoluciones de la ONU por las que están allí desplegados. Si la FINUL / UNIFIL se pliega a Hezbolá, más valdría renombrarla HIZBUFIL.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Polanco y la independencia

Antonio Sánchez Gijón

De todos los panegíricos dedicados a Jesús Polanco con motivo de su fallecimiento (“baluarte de la libertad”, “un líder de las libertades”, etc.) el que más me ha chocado es el que le dedicó el padre Martín Patino: Polanco, dijo don José María, “se marcó como principal objetivo en su vida el de ser independiente”.

Y me chocó no porque creyera que no fue independiente. Ya lo creo que lo era. Cuando comenzaba a gerenciar El País se le atribuía un dicho, luego popularizado: “No ha nacido el juez que me tumbe un recurso”. Si eso no es independencia… No. Lo chocante es que el espíritu de independencia empezó a desaparecer a medida que Polanco se hacía con el control del periódico.

No puedo hablar más que de mi propia experiencia y de mis pocos allegados en aquella redacción; en concreto, Alberto Míguez, Jesús Rouco y, hasta cierto punto, el subdirector Darío Valcárcel. A los que nos conozcan no se les escapará el hecho de que traíamos un historial profesional independiente, con precisas orientaciones ideológicas.

Durante bastantes meses me sentí libre para escribir sobre aquello sobre lo que escribía desde siempre: las relaciones de España con las instituciones de seguridad del mundo occidental. Se publicaron algunos editoriales apoyando el ingreso de España en la Alianza Atlántica, y artículos sobre la necesidad de elevar las relaciones con los Estados Unidos como pieza clave para ayudar a la transición pacífica hacia la democracia.

Pasó el tiempo, y dado que el periódico era un éxito, el entrismo típico de la izquierda empezó a hacerse sentir. Desembarcó Javier Pradera, que no sé si seguía en el partido comunista, pero desde luego traía mañas. Poco a poco, decía Alberto Míguez, “esto se ha convertido en un colegio”, con sus acusicas y pellizcos por abajo, y miradas cejijuntas por arriba. La desconfianza comenzó a caer, por lo menos sobre Míguez, Rouco y yo mismo. Supongo que por entonces habría otros casos. Luego los hubo. A cada uno de nosotros esto nos afectaba de forma distinta. Rouco y Míguez estaban atados a deberes estrictamente reglamentados. A mí se me había dado inicialmente mayor independencia. Luego ésta se fue volviendo contra mí. No se me pedía trabajo, y el trabajo que yo presentaba no era publicado porque nadie me lo había pedido. Lo extraño es que los dos que cumplían a rajatabla, Míguez y Rouco, fueron invitados a salir del periódico antes que yo. Se les ofreció un trato, que aceptaron.

Hacia febrero de 1978 le pedí a Cebrián un mes de libertad para escribir un libro en defensa del ingreso de España en la OTAN. “Claro, Antonio”, asintió. Y añadió todo acucioso: “Pero sin sueldo”. Me acordé al instante de la generosidad del que era director del diario Madrid cuando ocho años antes le había pedido el mismo permiso para escribir un libro sobre el necesario ingreso de España en el Mercado Común.

Mientras yo escribía el libro me llegó un correveidile del director, Cebrián, para proponerme dejar el periódico voluntariamente a cambio de una colaboración semanal por dos años, a tanto el artículo. Acordándome de la papelera que recogía los papeles mojados con el sudor de mi frente, me negué. Recibí el despido, lo recurrí y el periódico de Polanco lo perdió. Yo también quería ser independiente.