España es una merienda de negros

octubre 1, 2007

“Lo que otros dicen de nosotros…” y “Nacimiento de un partido político nuevo” por Rosa Díez

Filed under: General,Rajoy,Zapatero — África @ 8:10 am

LO QUE OTROS DICEN DE NOSOTROS…

Hoy estamos en todos los medios. Hablan de nosotros, del naciemiento de este partido nuevo que va a “revolucionar” la vida política española. Al tiempo, amigos.

Algunas de las cosas que dicen:

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NACIMIENTO DE UN PARTIDO POLÍTICO NUEVO.

 Y esta es nuestra música:  “Cuando hablamos de un país

Todos somos conscientes de que hoy estamos protagonizando un acto político inusual. El nacimiento de un partido político nuevo, en una democracia consolidada, en plena Unión Europea, no es algo que ocurra cada. De vez en cuando vemos que la oferta electoral se modifica por la ruptura o unión de alguno de los viejos partidos políticos; pero que surja una formación política realmente nueva es algo completamente original. Lo es más por el hecho de que este partido político nuevo, Unión, Progreso y Democracia, nace por el impulso de un colectivo cívico, de un grupo de hombres y mujeres libres, optimistas y generosos.  Ellos me han dado la palabra; y en su nombre y para llegar al conjunto de los españoles me dirijo a vosotros.

Los ciudadanos que impulsaron la creación de este partido nuevo proceden de toda España. La gran mayoría de ellos nunca estuvieron afiliados a ningún partido político. Todos ellos son personas libres, que no obedecen a nada más que a su conciencia y que desde un profundo compromiso ético han decidido vencer las inercias que ahorman las voluntades personales y dar un paso al frente para  formar este partido nuevo y trabajar juntos por una causa común: regenerar la democracia. 

Pensamos que ejercer como ciudadanos ha de ser algo más que ir a votar y quejarse cuando algo no sale bien o no nos gusta. No nos resignamos a dejar las cosas como están. Creemos en la gente, en su capacidad para revelarse, para actuar. Somos personas optimistas, que queremos cambiar los partidos políticos para cambiar la política y cambiar la política para cambiar la sociedad. Creemos en el valor del individuo y en el valor de la participación directa. A eso le llamamos regeneración democrática.

Quienes han dado este paso al frente abandonando la comodidad de su vida personal, el anonimato, son personas generosas que han elegido ofrecerse a los ciudadanos españoles para ser sus intermediarios, su cara, su voz, sus ojos. Son personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismos. Son ciudadanos que piensan en las futuras generaciones, que aspiran por construir un país en el que cada vez más ciudadanos se sientan concernidos, participen de y en las decisiones de los poderes públicos. Un país en el que cada sueño, cada emoción, encuentre un camino para hacerse realidad. 

Somos concientes de que estamos asumiendo la enorme responsabilidad de canalizar los sueños, las aspiraciones, de muchos ciudadanos que sienten desapego hacia la política, que se sienten huérfanos, que están hartos de enfrentamientos personales, permanentes y estériles, que “pasan” de los políticos…; pero que saben de la importancia de la política, de la necesidad de la política; que saben que sin la representación política democrática siempre decidirán por nosotros aquellos que nunca la necesitaron para perpetuarse en el poder, para seguir mandando. Ciudadanos que buscan algo nuevo, a alguien que los represente, a alguien en quien puedan confiar sin abandonar el espíritu crítico, a alguien que les ofrezca la posibilidad de ir a votar –como me han dicho reiteradamente estos días.– a favor, con ganas, como fuimos muchas personas de mi generación en los primeros años de nuestra democracia.

Asumimos ese reto. Queremos rescatar la política de las estructuras de poder que la tienen secuestrada. Queremos devolver a los ciudadanos el control sobre la política, sobre los cargos electos, sobre las decisiones que se toman en su nombre. Y nos comprometemos ante todos los españoles a trabajar por estos ideales, por esta causa. 

Para nosotros España es algo más que la suma de diecisiete Comunidades y dos Ciudades Autónomas.  España, con logo o sin logo, en campaña o sin ella, es una nación indiscutible, un proyecto de vida en común delimitado en la Constitución del 78. Yo reivindico el espíritu de la Transición que la hizo posible, la generosidad de quienes vivieron la guerra –y sobre todo de quienes sufrieron la posguerra– que fueron los verdaderos artífices de aquel acuerdo.

Hoy nace un partido de ámbito inequívocamente nacional, español; vamos a proponer sin ningún tipo de complejo ni hipoteca los cambios legislativos necesarios para promover políticas que incrementen la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Un partido que ya ha provocado algún pequeño maremoto, que ya ha achicado espacios a los dos grandes. Un partido, que aún sin nacer, ya ha conseguido que PSOE y PP se pongan, por primera vez en esta legislatura, de acuerdo en algo: ambos cuestionan nuestra razón de ser. Pues aquí estamos, para hacer propuestas y para someterlas al único veredicto que nos interesa: el de la gente en las urnas. Y después.  

Nuestras propuestas:

Creemos que es necesario hacer una revisión a fondo de la Constitución y de los efectos que treinta años de vigencia de la misma, con la distribución competencial actual, han tenido desde la perspectiva de la igualdad y de la eficacia; para los ciudadanos y para el país. Proponemos que se revise con todo rigor y atendiendo solamente al criterio de eficacia, de igualdad y de libertad, la actual distribución de competencias del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios.  A nuestro juicio es preciso un gran Pacto de Estado para cerrar el modelo autonómico, igualando los techos competenciales, plasmando en la Constitución la nueva distribución de competencias, garantizando la igualdad fiscal entre todos los ciudadanos, al margen de la parte de España en que vivan o el lugar del territorio nacional en que instalen sus empresas o sus negocios. 

Los ciudadanos no piden que se cambie la Constitución; pero muestran su descontento por las consecuencias de un marco indefinido, sometido a continua subasta entre los que ganan las elecciones sin la mayoría suficiente y las demandas de los partidos nacionalistas que ponen precio a sus apoyos al Ejecutivo. Ningún país puede evitar que llegue al poder un gobernante sin escrúpulos o sin sentido de estado; pero las leyes han de proteger a los ciudadanos ante la eventualidad de esa circunstancia. Por eso proponemos una revisión de la Constitución para que la cohesión social y la igualdad no puedan estar sometidas al chantaje o al coyunturalismo. Nos gusta la autonomía; la del Gobierno de España también. 

Pondré un ejemplo muy de actualidad: la educación. No hay nadie hoy en España que se atreva a defender la calidad de nuestro sistema educativo. Estamos a la cola de Europa en niveles de calidad y a la cabeza en los ratios de fracaso escolar. Es verdad que hemos de exigir a los gobernantes que se destinen más recursos para las reformas, para las lenguas extranjeras, para el aprendizaje de las nuevas tecnologías, para la formación del profesorado, para la investigación… Pero, sólo eso, por necesario que sea, no serán sino paños calientes; mientras España tenga diecisiete leyes educativas de facto, mientras no exista control institucional previo sobre los libros escolares (sobre el contenido, no sólo sobre los enunciados), mientras ninguna autoridad sometida a control democrático pueda intervenir en lo que se estudia y lo que se deja de estudiar (¿saben ustedes que la existencia en España de las Cuevas de Altamira, consideradas mundialmente la Capilla Sixtina del Arte Rupestre sólo se estudia en tres de las diecisiete comunidades autónomas?), seguiremos educando analfabetos. No se trata de quitar competencias a nadie; se trata de instaurar un sistema que garantice que la formación de los jóvenes españoles responda a los mismos ratios de calidad y contenido en lo sustancial, sea cual fuere el lugar de España en que se cursen los estudios,. Tiene poco sentido que mientras en Europa se camina hacia la homologación de titulaciones un joven español encuentre dificultades para que su currículum se convalide al pasar de una universidad a otra de distinta autonomía.

Siguiendo con la educación, otro ejemplo: las últimas semanas hemos vivido un debate agrio sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Déjenme que en un punto y aparte les diga que en mi opinión esta asignatura nació ya medio muerta. Es quizá el ejemplo paradigmático de lo que no hay que hacer con la educación y de cómo se ha ido haciendo la política estos cuatro últimos años. La propuesta fue presentada por el Gobierno fuera de todo consenso de Estado, como una idea del Gobierno Zapatero, cuando venía siendo reclamada desde hace mucho tiempo por educadores y pedagogos. Todos nos hubiéramos podido poner de acuerdo sobre la necesidad de hacer pedagogía democrática desde la escuela, sobre la necesidad de incorporar en nuestro sistema educativo una asignatura que con diferentes nombres pero casi idénticos contenidos está presente en los sistemas de más de veinte países europeos. Pues aquí se armó la marimorena; el gobierno que lo presenta como arma arrojadiza contra la oposición (haciendo discurso antirreligioso, que no laico, de paso) y la oposición que le entra al trapo. Y se pone todo el mundo a analizar algunos libros de texto que dicen auténticas barbaridades; y en vez de debatir sobre la norma y la necesidad y el contexto de la asignatura, nos liamos a golpes sobre los disparates que algunos escriben para “escolarizar” a nuestros niños.  

Nosotros lo que proponemos es que se actúe con criterio de estado, garantizando la calidad del modelo y la estabilidad de las normas.  La educación es el principal factor de desarrollo y de cohesión, el principal instrumento para garantizar la igualdad. La política educativa ha de situarse ente los pactos de Estado imprescindibles. Y el Estado ha de recuperar esa competencia. Y para eso hay que cambiar la Constitución.

En la España que yo quiero el gobierno defenderá sin complejos el castellano como la lengua común de todos los españoles; y lo hará asegurándose de que los adolescentes o los jóvenes salgan de los institutos, las universidades o los módulos de formación dominando su uso y el de otras lenguas –particulares y extranjeras–, preparados para competir en el mundo. Es la principal herencia que como país les podemos brindar. Un país como España, que no tiene materia prima, que ha basado su crecimiento en los últimos años en el tirón de  construcción y el turismo (dos sectores coyunturales y en plena recesión) que tiene un preocupante déficit exterior, sólo puede competir con la preparación de su gente. Y difícilmente lo haremos si devaluamos uno de nuestros elementos de competitividad: la lengua que hablan más de cuatrocientos ciudadanos en el mundo. Mientras por complejo y/o por desidia aceptemos que el aprendizaje y el uso de la lengua española estén devaluados y sometidos en una parte de nuestro territorio estaremos poniendo en riesgo el futuro de nuestros jóvenes; y la competitividad de nuestro país. 

Queremos un país en el que los votos de los ciudadanos tengan el mismo peso electoral, sea cual fuere el lugar de España en que vivan. No se trata de perjudicar a los nacionalistas; se trata de que los ciudadanos sean tratados con equidad por la ley electoral. Porque con el sistema actual el ciudadano que vota a un partido que sólo se presenta en una región de España está sobrerrepresentado frente a quien vota a un partido de ámbito nacional. La consecuencia de una Ley elaborada en la transición, que tenía como objetivo consolidar a los partidos políticos nacionales existentes tras la dictadura ha sido la consolidación de un bipartidismo imperfecto, en el que los árbitros son partidos nacionalistas que con muy pocos votos son capaces de cuestionar la definición del modelo de estado. Es verdad que esa ley tiene los mismos años que la democracia; y que nunca habíamos llegado a una situación como esta. Pero es que, como decía antes, nadie está a salvo de que llegue al poder un gobernante sin límites. Por eso hay que hacer leyes que eviten, en la medida de lo posible, los dislates del Ejecutivo. Todos los gobiernos que han precedido a éste han establecido acuerdos con los nacionalistas; algunos incluso han ido más lejos de lo que  desde la perspectiva de Estado, se debiera haber ido. Recuerden ustedes aquellas alabanzas de Arzalluz a Aznar, de quien decía que “le había sacado más en dos años que a González en doce”.  Pero, más o menos, todo fue razonable hasta que llegó este Presidente y decidió modificar el modelo de estado pactándolo con los partidos que no creen en el estado, porque aspiran a que sus comunidades terminen teniendo uno propio. Y lo mismo cabe decir de los pactos firmados para modificar la política antiterrorista, realizados con los partidos que nunca quisieron la derrota de ETA. Como no podemos estar sometidos a veleidades de este tipo u otras más peligrosas, es preciso modificar la ley electoral, buscando un sistema que garantice la proporcionalidad y la igualdad del voto ciudadano. Y para eso hay que cambiar la Constitución.

En la España que queremos construir, en la España que yo quiero, los gobernantes no pueden hacer lo que quieren con los votos de los ciudadanos. Los cargos electos no están sometidos a las ejecutivas de los partidos, sino al control de los ciudadanos. Y los gobernantes respetan la palabra dada, el programa electoral. Al menos en lo sustancial, en aquello que no está sometido a factores exógenos, en aquello que forma parte de las cuestiones de Estado.

En la España que yo quiero ningún gobernante se conforma con nada por debajo de la derrota de ETA; en la España que yo quiero las víctimas son siempre el presente; y los terroristas y sus amigos y cómplices nunca representan el futuro sino un pasado a desterrar. En la España que yo quiero las víctimas merecen el reconocimiento político, porque fueron asesinadas por razones políticas, porque eran un estorbo para los totalitarios, porque representaban y defendían la sociedad plural que ellos quieren destruir. En la España que yo quiero a las víctimas se les tiene respeto y no lástima. Y su reivindicación de memoria, dignidad y justicia orienta el trabajo de cualquier gobernante.

Propondremos otras reformas constitucionales que afectarán a otro gran capítulo del modelo de Estado: la Justicia.  No es de recibo que el máximo órgano de los jueces esté formado con criterios partidarios, conformado por jueces que son nombrados para ejercer de “delegados” de los partidos políticos dentro del mismo. Ni es de recibo en un país moderno y democrático que el Fiscal General del Estado, por mor de su dependencia, tenga en su poder la capacidad de anular de facto la vigencia de una Ley como la de Partidos Políticos o de paralizar el trabajo de los fiscales.

Hemos asistido también en los últimos tiempos a un debate sobre la unidad de España. Mientras el Gobierno afirma que estamos mejor que nunca (más unidos, más fuertes, mejor situados en la Champions, más reforzados democráticamente frente a ETA, mejor situados en Europa y el mundo…) otras voces afirman que España se está rompiendo.  Respecto a las afirmaciones del Gobierno no merece la pena que les dedique un sólo minuto. Todos vivimos en España y, más allá de los eslóganes y los logos a que tan aficionado es este gobierno, todos conocemos la realidad Pero respecto de ese segundo concepto, de esa afirmación de que:”España se rompe” es preciso hacer pedagogía. Vayan unas preguntas por delante: ¿Está hoy más garantizada la igualdad de todos los ciudadanos españoles al margen del lugar de España en que vivan? ¿Hayp;quot;; color: black;”> 

Hemos asistido también en los últimos tiempos a un debate sobre la unidad de España. Mientras el Gobierno afirma que estamos mejor que nunca (más unidos, más fuertes, mejor situados en la Champions, más reforzados democráticamente frente a ETA, mejor situados en Europa y el mundo…) otras voces afirman que España se está rompiendo.  Respecto a las afirmaciones del Gobierno no merece la pena que les dedique un sólo minuto. Todos vivimos en España y, más allá de los eslóganes y los logos a que tan aficionado es este gobierno, todos conocemos la realidad Pero respecto de ese segundo concepto, de esa afirmación de que:”España se rompe” es preciso hacer pedagogía. Vayan unas preguntas por delante: ¿Está hoy más garantizada la igualdad de todos los ciudadanos españoles al margen del lugar de España en que vivan? ¿Hay un mayor grado de cohesión social en la España de hoy respecto de la de hace tan sólo cuatro años? ¿Están hoy más garantizadas las pensiones de más de veinte millones de ciudadanos que no tienen otro capital que esa expectativa de futuro? ¿Es más viable el modelo de Estado que se ha ido construyendo a partir del pacto con los nacionalistas, con el melón estatutario abierto?¿Es viable de cara a futuro un modelo cuasi confederal en el que las “compensaciones” del Gobierno a las Autonomías suma más de cien?

Seguramente la mayoría de nosotros contestaríamos NO a las cuatro preguntas: ni elde;a se rompe” es preciso hacer pedagogía. Vayan unas preguntas por delante: ¿Está hoy más garantizada la igualdad de todos los ciudadanos españoles al margen del lugar de España en que vivan? ¿Hay un mayor grado de cohesión social en la España de hoy respecto de la de hace tan sólo cuatro años? ¿Están hoy más garantizadas las pensiones de más de veinte millones de ciudadanos que no tienen otro capital que esa expectativa de futuro? ¿Es más viable el modelo de Estado que se ha ido construyendo a partir del pacto con los nacionalistas, con el melón estatutario abierto?¿Es viable de cara a futuro un modelo cuasi confederal en el que las “compensaciones” del Gobierno a las Autonomías suma más de cien?

Seguramente la mayoría de nosotros contestaríamos NO a las cuatro preguntas: ni es más igualitaria la España de hoy, ni es más segura, ni es más viable, ni es más competitiva. Y si esas respuestas son negativas, la respuesta a la primera pregunta, a la de España se rompe? Sería sí. Porque yo sí que creo que en estos cuatro años España, la España que nos importa, la España de los ciudadanos iguales y libres, la España de la igualdad, se ha empezado a romper. Desde la propaganda de algunos medios y/o gubernamental parece que hablar de que España se rompe equivale a pensar en un mapa que se despieza; también es cierto que algunas voces desde la derecha parecen más preocupadas por la unidad territorial que por la unidad de derechos de los ciudadanos. La unidad territorial de España, la unidad constitucional, es la que garantiza los derechos iguales para todos, la unidad fiscal, el fin de los privilegios…. Y esa España se está rompiendo; si se rompe la igualdad, se rompe España.

En la España que yo quiero ningún gobernante se atrevería a jugar con un Pacto de Estado como el de Toledo, que se hizo para garantizar el futuro, para que nadie metiera la mano en la caja de la Seguridad Social para ganar unas elecciones. En la España que queremos los ciudadanos reprobarían a cualquier gobernante que se atreviera a “ofrecer” incrementos de pensiones en un mitin de su partido. En una España sostenible la política de pensiones se hace pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Por eso nadie se atrevería a poner en riesgo el único capital con el que cuentan más de veinte millones de españoles: la Seguridad Social y las pensiones. 

Para regenerar la democracia hay que poner en marcha medidas que impulsen la democratización de los partidos políticos. Las instituciones políticas –Parlamentos, Ayuntamientos y Gobierno—se constituyen a partir de los partidos políticos que hacen sus listas y someten a sus candidatos a las elecciones.  Si no reformamos los partidos políticos no podremos reformar la política; y es preciso reformar la política para acercarla a los ciudadanos. La desafección política existente, la lejanía cada vez mayor entre los ciudadanos y los partidos políticos, termina pasando factura a las instituciones democráticas.  Por eso insisto en que hay que cambiar los partidos, abrirlos, hacerlos más transparentes, más democráticos en su comportamiento, para poder regenerar la vida democrática.

¿Qué hacer? Hemos de poner en marcha medidas de regeneración democrática que vinculen a los representantes políticos con los representados, que clarifiquen que los cargos electos no están a las órdenes de las direcciones de los partidos políticos sino al servicio de los ciudadanos. Los partidos políticos habrán de garantizar a sus militantes al menos los mismos derechos que la Constitución les reconoce como ciudadanos.  

Unión, Progreso y Democracia tendrá un censo de simpatizantes que podrán participar  –junto con los asociados–en la selección de los candidatos de todos los procesos electorales, que serán elegidos por el sistema de primarias. Propondremos también las reformas electorales pertinentes para elegir directamente los cargos unipersonales, como los presidentes (del gobierno y de las autonomías) y los alcaldes. Igualmente defenderemos que la ley limite los periodos de mandato y que introduzca incompatibilidades más rigurosas entre el ejercicio del cargo público y las actividades y/o negocios privados. La ley debe de evitar es que se repitan espectáculos tan bochornosos como el producido después de las últimas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, que lo que se ganaba en las urnas se perdía en los despachos o viceversa. Cómo no se puede uno fiar –a la vista está– del sentido de responsabilidad de los gobernantes (ni de los aspirantes) habremos de proteger por ley el sentido del voto de los ciudadanos.

Durante la última legislatura España –los españoles, particularmente los vascos—hemos perdido cuotas de libertad y de seguridad. Esto no es algo opinable, sino desgraciadamente fácil de constatar: ETA ha vuelto a las instituciones democráticas del País Vasco, ha vuelto a llenar las calles de actos de terrorismo callejero, ha incrementado la extorsión a los empresarios… Todo como consecuencia de una apuesta política personal e irresponsable de Zapatero que decidió revisar el pacto más exitoso en política antiterrorista para someter la nueva política al control de los partidos que nunca quisieron la derrota de ETA.  

Nosotros defenderemos sin ningún tipo de complejo y de forma inflexible un nuevo Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, un Pacto de Estado que tenga como objetivo la derrota de ETA y que para conseguir ese objetivo esté dispuesto a utilizar todos los instrumentos del estado de Derecho, ni uno más pero ni uno menos. La derrota de ETA es algo más que la detención y puesta a disposición judicial de sus comandos, por muy necesario que eso sea. Derrotar a ETA requiere la deslegitimación radical de toda su historia, de todos sus objetivos. La derrota de ETA conlleva el compromiso de Estado de que no conseguirán ninguna de las reivindicaciones políticas en cuyo nombre instauraron víctimas. Ni mientras maten ni para que dejen de matar. Por eso, porque hay que derrotarles socialmente, a ellos y a sus cómplices, cualquiera que sea el grado de complicidad, ya sea activa o de comprensión, el pacto ha de estar abierto a todas las fuerzas políticas, pero suscrito imprescindiblemente entre las que pueden formar el Gobierno de España. Sólo un Pacto de Estado le dará estabilidad temporal a la política que allí se acuerde. Y sólo entonces ETA perderá la esperanza. Es verdad que puede llegar un gobernante que esté dispuesto a romper el pacto; pero también para alejar esos riesgos es necesario un nuevo partido que defienda al Estado.

Durante los tres últimos años hemos vivido algunos de los momentos más tristes de nuestra historia en la lucha contra ETA. Muchas veces hemos sufrido los ataques de la organización terrorista y hemos compartido el dolor de sus víctimas. Pero nunca hasta hoy una política gubernamental había perseguido la división de los ciudadanos en esta materia; nunca se había hecho política contra la mitad de la ciudadanía. Nunca he dudado de la buena voluntad del Gobierno en esta materia; pero la buena voluntad no le exime de responsabilidad. Ha sido durante esta legislatura cuando ETA se ha sentido reconocida internacionalmente; no solo porque el PSOE y el Gobierno se empeñaron en llevar el “proceso” al Parlamento Europeo, sino porque como hemos sabido la negociación entre el Gobierno y ETA se ha llevado a cabo con la presencia de observadores de gobiernos europeos. ¿Qué mayor reconocimiento de rango político que ese se le puede dar a una banda terrorista? 

No podía salir bien una apuesta política que dependía del soporte de partidos que nunca quisieron la derrota de ETA, que siempre actuaron como intermediarios, que siempre quisieron ser comisionistas. No podía salir bien una política que les devolvió la impunidad a los terroristas, que les convirtió por mor de las palabras del propio Presidente en “hombres de paz”, que convirtió a las víctimas en “el pasado”, que trató a los que se oponían al proceso como enemigos de la paz. No podía salir una apuesta política que requería del silencio de la sociedad, de la pasividad de los movimientos cívicos y de la complicidad de los malos. Y no salió bien. Lo peor de todo es que quien impulsó esa política fracasada ha anunciado que piensa insistir en ella. La única ventaja es que ahora nadie podrá alegar ignorancia; todo el mundo sabe a qué atenerse.

Unión, Progreso y Democracia desterrará de su vocabulario la palabra “paz” cuando se trate de derrotar a ETA. Desterraremos la palabra “violencia” cuando se trate de hablar del terror. Reivindicaremos el Pacto de Estado entre los partidos que pueden formar Gobierno en España; y explicaremos que una cosa es apoyar al gobierno ante los ataques de ETA y otra muy distinta apoyar una política que consideremos equivocada. También en esta materia hay que hacer pedagogía democrática. Nada menos democrático que el lenguaje perverso que se ha utilizado para dividir a los ciudadanos y para justificar lo injustificable; para que la coyuntura permitiera la cárcel o los paseos por Donosti; para que la coyuntura permitiera las tribunas mediáticas o la cárcel. Regenerar la democracia es también desterrar un lenguaje perverso que termina pervirtiendo a la propia democracia.  

Pero no sólo el modelo territorial del estado, la política de Educación, la reforma del sistema electoral, o el reforzamiento de la autonomía respecto del ejecutivo del sistema judicial y fiscal han de formar parte de los nuevos Pactos de Estado. La política de Inmigración, la política Exterior o la Política Social han de estar blindadas por grandes acuerdos nacionales.

En materia de pensiones existe aún en vigor el Pacto de Toledo, un acuerdo que mereció un amplísimo consenso social y político y que tiene como objetivo garantizar la viabilidad del sistema. También para evitar—y denunciar cuando sea preciso—veleidades electorales que ponen en riesgo la caja de la Seguridad Social hace falta un nuevo partido que defienda al Estado, que piense en las próximas generaciones, que no haga su política sometido a la urgencia de ganar las próximas elecciones. 

Lo mismo cabría decir en Política Exterior. Diseñar la Política Exterior o Europea de España pensando en hacer justo lo contrario de lo que hizo el anterior  ( y si me apuras el anterior del anterior, aunque sea del mismo partido) no es propio de países o gobernantes serios. Si algo da estabilidad a las inversiones, al desarrollo, a la competitividad de un país y de sus empresas en la esfera internacional es la confianza en los gobernantes no someterán su política a vaivenes de oportunidad. …

…..

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Quede recogido, como testimonio de lo que se dijo, mejor o peor, en la mañana de hoy. ¡¡Qué hermoso día para iniciar un hermoso viaje!! Dios salve a los guerreros que a su pueblo le son fieles…Dios les de un viaje lleno de venturas, lleno de conocimientos…

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