España es una merienda de negros

octubre 9, 2007

El Gobierno descarga en los jueces un aluvión de anulaciones de sentencias

Filed under: General,Rajoy,Zapatero — África @ 6:16 am

G.S.

MADRID. La derogación de la legislación represiva franquista y de los tribunales que la aplicaron sortea la conflictiva anulación de sentencias, que pedía IU, pero sigue dejando en manos del Tribunal Supremo la decisión individual en cada caso y augura un aluvión de reclamaciones en los próximos meses.

El debate de la Memoria Histórica ha coincidido en el tiempo con negativas de la sala de lo Militar del Tribunal Supremo a anular sentencias como la del consejo de guerra contra el anarquista José Pellicer , fusilado el 8 de junio de 1942. El auto, adoptado por mayoría de la Sala de lo militar, se basaba en doctrina del Tribunal Constitucional para argumentar que la Carta Magna «no tiene efectos retroactivos» y que el derecho que aplicó el consejo de guerra era «el vigente, independientemente de la valoración que del mismo pueda tenerse». Además, la Sala de lo Militar señalaba que los familiares no habían presentado «un hecho nuevo». El auto fue adoptado con el voto particular del magistrado José Luis Calvo Cabello, quien hizo constar que la Constitución era «el hecho nuevo» y que el Consejo de guerra fue dictado por un órgano «ilegítimo, dependiente y parcial».

Algo similar ocurrió posteriormente con la revisión de la condena a muerte del dirigente comunista Julián Grimau (1962) o con la también denegada revisión de la condena a muerte de los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado (1963) por un delito que sus familiares aseguran no cometieron.

IU: la ley, «un hecho nuevo»

Ayer, el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, hizo referencia irónica a esas sentencias al afirmar que los jueces ya tienen en la futura ley de Memoria Histórica el «hecho nuevo» que buscaban y ahora ya no tendrán excusa para mostrarse renuentes a anular las sentencias que se les pida.

Más críptico se mostró el portavoz del Grupo Socialista,Diego López Garrido, quien habló de que la ley será un «instrumento» para que los propios represaliados o sus familiares reclamen a la Justicia con garantía. Se basa en el hecho de que la «ilegitimidad» del régimen franquista declarada por las Cortes cuando aprueben la ley, más la derogación expresa de su legislación y los tribunales que la aplicaban, deberían ser razón suficiente para los jueces del Tribunal Supremo.

No obstante, López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, aclaró que la Carta Magna de 1978 incluye una disposición adicional que deroga la legislación del régimen anterior contraria a ella misma, pero admite que no ha sido suficiente a juicio del alto Tribunal.

Un optimismo que no comparte ERC, formación para la cual el proceso al que se va a someter a los represaliados y a sus familiares no compensa el esfuerzo realizado. «Entre la lentitud del sistema judicial, los costes elevados de todo proceso y el carácter derechista de muchos magistrados, esto supondrá un auténtico vía crucis judicial y burocrático para los represaliados del franquismo», avisa ERC, que considera «un insulto» a su «dignidad» este pacto entre el PSOE e Izquierda Unida.

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