España es una merienda de negros

octubre 9, 2007

El PSOE fuerza la aprobación de la Memoria Histórica sin tener el aval de todos los grupos

Filed under: General,Rajoy,Zapatero — África @ 5:56 am

Esther L. Palomera
MADRID- El tiempo apremia y la situación interna de los partidos implicados en la negociación no ayuda. Así que la negociación bilateral sobre la Ley de Memoria Histórica no tendrá más capítulos, pues el PSOE ha decidido reunir a la ponencia que debe analizar el texto, y que salga de allí lo que tenga que salir. Y es que hay avances sustanciales, pero no acuerdo global sobre este texto que José Luis Rodríguez Zapatero impulsó tanto por superviviencia parlamentaria como por el recuerdo de un abuelo fusilado.
   Ante la imposibilidad de cerrar un pacto global y a la vista de un calendario legislativo que se agota, la ponencia se reunirá este miércoles, y allí CiU, PNV, IU-ICV, BNG ChA, NaBai y Nueva Canaria pondrán negro sobre blanco todo el articulado.
   Hasta ahora, los socialistas han logrado, eso sí, importantes avances en las reuniones bilaterales con cada grupo, a excepción de ERC y PP, que se han autoexcluido del acuerdo. Por ejemplo, con IU se ha pactado ya que la exposición de motivos incluya una condena firme y expresa al franquismo, y proclame «la expulsión del ordenamiento jurídico de las sentencias dictadas durante la dictadura». Se trata de una fórmula intermedia entre la declaración de ilegitimidad a la que estaba dispuesto a llegar el PSOE y la nulidad que reclamaba IU-ICV. Lo que no hará la norma es inmiscuirse en el terreno jurídico, por lo que serán los jueces quienes en su día, y si así lo solicitan los particulares, dicten la nulidad de las sentencias.
   Disposición derogatoria
   Después de muchos tiras y aflojas con el PSOE, IU ha logrado que se introduzca en la exposición de motivos una explicación del artículo 3 en la que se subraya de «forma inequívoca la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos». Además, la ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial».
   Respecto a la condena expresa al franquismo, la enésima exposición de motivos redactada por el PSOE queda de la siguiente forma: «La presente ley asume la declaración de condena al franquismo aprobada en el Congreso en 2002 y la contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975».
   Se da la circunstancia de que, justo en el momento en que IU-ICV ha alcanzado un principo de acuerdo con el PSOE, desde el PCE urgen a Gaspar Llamazares a que se desmarque de esta norma. Primero, por considerarla insuficiente. Segundo, para que no haga seguidismo del Gobierno. Esta disputa interna en el seno de IU, admiten fuentes de la negociación, podría dificultar el acuerdo global que el PSOE espera cerrar en los próximos días.
   Y lo mismo ocurre con el PNV, en cuya decisión final se ha cruzado el anuncio de la consulta de Ibarretxe y la delicada situación por la que atraviesan las relaciones entre el Gobierno de España y el vasco. Más allá de posiciones tácticas, el Ejecutivo de Zapatero se niega a incluir en la ley de Memoria Histórica la devolución de los papeles de Salamanca que fueron incautados durante la dictadura al Gobierno vasco. Y esta es una premisa obligatoria para que el PNV diga «sí» al texto.
   Desde CiU, sin embargo, se ha logrado introducir una mención a la represión «por creencias religiosas» durante la II República, y también que se repruebe, además de la actuación de los Tribunales de la dictadura, a los jurados populares. Ahora bien, los nacionalistas catalanes han hecho saber al PSOE que si el PNV no está en el acuerdo, tampoco lo estará CiU.
   Así la cosas, el principio de acuerdo que ayer proclamó el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, es sobre las bases de la ley, y no sobre el articulado. Y la división interna que atraviesan tanto IU como el PNV y CiU han influido negativamente en las negociaciones finales.
   Apoyo parcial
   El presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, ya ha tocado a rebato para establecer el calendario que seguirá la tramitación de esta ley y la fecha de la primera reunión de la Comisión que se celebrará previsiblemente la semana próxima. «El acercamiento va a ser proyectado este miércoles ya que de ahí saldrá un texto con amplio consenso», dijo López Garrido. En todo caso, podría haber un escenario en el que cada uno de los grupos implicados en la negociación manifieste su apoyo global al texto, y se desmarque de alguna parte del articulado.
   Pero López Garrido no pierde la esperanza, e incluso confía en que ERC y PP puedan sumarse, al menos de manera parcial, al proyecto, porque no pretende «levantar heridas ni recuerdos». Su impresión es que se trata de «un paso más de la democracia para reparar a la víctimas los daños que han sufrido durante la dictadura y la Guerra Civil». Esto es, según sus palabras, que la ley pretende es «terminar con todo el daño que no ha sido reparado», sin ningún tipo de «sectarismo sino sabiendo que fue un periodo que afectó a todos los españoles», señaló. Su vaticinio se quebró con unas declaraciones de Acebes, que lejos de comulgar con la iniciativa, dijo que es «la prueba del nueve de la voluntad de Zapatero de dividir y enfrentar a los españoles».
   También el portavoz de CiU, Josep Durán Lleida, se encargó de enfriar el entusiasmo del PSOE al afirmar que aún no hay ningún acuerdo, aunque en la negociación se hayan incluido «aspectos novedosos» como el reconocimiento de que durante la II República también se produjeron delitos «relacionados con la persecución religiosa que no tienen nada que ver con el franquismo o la dictadura». Por éste y otros motivos, ERC ya ha dicho que nunca dará legitimidad a una ley que «no reconoce jurídicamente la condición de víctima a los represaliados», que «no anula las causas judiciales», que «no restituye todos los patrimonios expoliados» y que «no repara el honor a las personas que sufrieron la dictadura».

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