España es una merienda de negros

octubre 10, 2007

La Ley de Memoria Histórica obligará a las instituciones a retirar los símbolos franquistas

Filed under: General,Rajoy,Zapatero — África @ 6:44 pm

EFE

MADRID.- La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la ponencia del Congreso obligará a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y faculta a las Administraciones Públicas para retirarles subvenciones y ayudas si no lo hacen.

La ponencia de la Comisión Constitucional encargada de informar sobre este proyecto se reunió esta tarde en el Congreso y acordó mayoritariamente elevar a la comisión un texto propuesto por el grupo socialista, que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con los otros grupos parlamentarios.

El documento contó con el visto bueno de todos los ponentes, con excepción de los representantes del PP, que rechazan frontalmente su contenido, y de ERC, formación que considera insuficientes sus medidas y por ello se abstiene sin oponerse a su tramitación.

Las principales modificaciones respecto al texto original del Gobierno que ha asumido el PSOE se refieren a la expresa condena del régimen de Franco, a la declaración de “ilegitimidad” de los tribunales sin garantías y de sus sentencias y al reconocimiento de las creencias religiosas como motivo de la represión.

La fórmula consensuada abarca tanto a los tribunales militares de la zona nacional como a los procesos extrajudiciales republicanos, al declarar en su artículo 3 la ilegitimidad de los “tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos” constituidos durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos “políticos, ideológicos o de creencia religiosa”.

Después, en otro apartado se declara expresamente la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público (TOP) y los tribunales políticos y consejos de guerra.

De esta manera se abre la puerta para una posible revisión jurídica de estos procesos, ya que ni los tribunales injustos de esa época ni las leyes que se aplicaban para la persecución podrán ser invocadas por el Tribunal Supremo para negarse a anular las condenas que impusieron, como ocurría hasta ahora.

Además, en el capítulo de símbolos y monumentos públicos, cuya retirada limitaba inicialmente el Ejecutivo a las instituciones estatales, ahora se establece que todas las Administraciones Públicas “tomarán las medidas oportunas” para suprimirlos.

Algunos elementos se salvarán

Se trata de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, según el artículo 15, donde se añade que “entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

Sólo se salvarán estos elementos simbólicos “cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados” o por razones “artísticas y arquitectónicas”.

La posibilidad de quitar las ayudas públicas se extiende en otro artículo a los “propietarios privados” que no cumplan esa obligación.

La redacción del artículo que regulaba el régimen del Valle de los Caídos ha quedado igual que en el proyecto inicial, para prohibir actos de exaltación de la contienda o el franquismo, pese a que IU-ICV reclamaba una intervención mayor del Estado en el lugar, y la salida de la congregación benedictina de la basílica.

También pedía este grupo más implicación pública en las tareas de exhumación e identificación de víctimas, que se ha concretado en una disposición para que el Estado elabore planes de trabajo y conceda subvenciones a quienes se ocupen de estas tareas.

En otro apartado se determina que el Gobierno elaborará un protocolo de actuación científica “que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones”.

Más cambios experimenta la parte de la ley que originalmente reservaba a un ‘Consejo de sabios’ la función de emitir las declaraciones de reparación y reconocimiento a las víctimas, que desaparece del proyecto, de manera que corresponderá al Ministerio de Justicia expedir estos documentos.

Diez puntos clave

  • 1. Reparación moral: Reconoce y amplía los derechos de quienes “padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la Guerra Civil y la Dictadura” y para promover su “reparación moral”.
  • 2. Condena expresa: Por primera vez se condena expresamente el franquismo. Para ello, se asume un acuerdo que adoptó el Congreso en 2002 y otro europeo de 2006.
  • 3. Derogación de leyes: Se derogan el Bando de la Guerra Civil de 28 de julio de 1936 y otras leyes de la Dictadura usadas para dictar condenas.
  • 4. Condenas injustas: Se declara la ilegitimidad de los tribunales de la Guerra Civil que se crearon para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Se reconoce el carácter injusto de esas condenas.
  • 5. Derecho a reclamar: Se reconoce el derecho a obtener una “declaración de reparación y reconocimiento personal” a los afectados. Se podrán llevar a cabo reclamaciones judiciales.
  • 6. Más prestaciones: Se mejoran las prestaciones reconocidas en 1979 a los familiares de los fallecidos durante la Guerra Civil y se amplía el colectivo de personas con derecho a ser indemnizado por sufrir prisión en el franquismo.
  • 7. Búsqueda de fosas: Se autoriza la “ocupación temporal de terrenos” para que las Administraciones públicas se impliquen en la localización e identificación de las personas enterradas en fosas comunes.
  • 8. Retirada de símbolos: La Administración adoptará medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros símbolos de exaltación del golpe de Franco, la Guerra o la Dictadura.
  • 9. El Valle, de todos: El Valle de los Caídos no podrá usarse para exaltar la Guerra Civil o la Dictadura. Servirá para honrar la memoria de todos los fallecidos y para estudiar ese periodo histórico, los valores constitucionales, la paz y la memoria democrática.
  • 10. Información libre: Derecho de acceso a los documentos de los archivos públicos y a obtener copia de los mismos.
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